El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, dio cuenta este jueves en Junta de Gobierno de la convocatoria y aprobación de los pliegos reguladores de dos concursos de enajenación de suelos municipales para construir residencias en régimen de coliving (viviendas colectivas) durante un plazo mínimo de 15 años. Los concursos atañen a tres parcelas sin uso que se ubican en los distritos de Tetuán y Carabanchel.
El resultado de esta operación dará lugar a dos promociones que podrían albergar hasta un centenar de alojamientos colectivos, de entre 25 y 35 m2, que se alquilarían a precios de mercado. El coliving o residencia compartida es una forma de alojamiento temporal en la que los residentes cuentan con una importante dotación de espacios y servicios comunes y habitan en unidades residenciales privativas más reducidas que una vivienda al uso.
Desde el Grupo Municipal Socialista (PSOE), el concejal Antonio Giraldo ha criticado duramente esta medida. «Estos proyectos implican la venta de suelo público a promotores privados, quienes construirán viviendas colectivas de entre 25 y 35 metros cuadrados y que se alquilarán a precios de mercado», ha expuesto.
«Estamos en una situación de emergencia habitacional», ha señalado Giraldo, recordando la «masiva» manifestación del pasado domingo en las calles de la capital y que «visibilizó la gravedad del problema de la vivienda en Madrid». «Es intolerable que se venda suelo público a promotores que van a hacer negocios, porque encima lo hacen con una fórmula de coliving, que no es otra cosa que la precarización de la vivienda», ha incidido.
Giraldo se centra en el hecho de que estas parcelas públicas, «en lugar de destinarse a viviendas asequibles gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), serán utilizadas para un modelo de alquiler que no contribuye a reducir los altos precios del mercado inmobiliario». El edil ha recordado que «más de 40.000 personas demandan vivienda pública en la ciudad, por lo que considera inaceptable que se prioricen los intereses de promotores privados». «Nosotros defendemos la vivienda pública gestionada desde la EMVS como el derecho que es», ha concluido.
