DVUELTA, entidad dedicada a la defensa de los conductores, ha solicitado al Defensor del Pueblo, en un escrito presentado este lunes 14, que inste al Ayuntamiento de Madrid a retrasar aquellos aspectos de la Ordenanza de Madrid 360 que entran en vigor el próximo 1 de enero relativos a la prohibición de circular por la capital a los vehículos sin distintivo medioambiental, también llamado “distintivo A”, que son los diésel anteriores a 2006 y gasolina previos a 2000.
Esta prohibición «afectará a decenas de miles de vehículos, cuyos propietarios tendrán que vender o achatarrar y afrontar el enorme gasto de adquisición de un coche nuevo». «Precisamente quienes conducen vehículos sin distintivo son los de menor poder adquisitivo, a quienes ahora se obliga a realizar un desembolso que la mayoría no pueden afrontar». Dvuelta recuerda que los conductores «no usan esos vehículos por gusto, sino por no poder comprar otros más modernos».
Según el escrito remitido por DVUELTA al Defensor del Pueblo, la normativa que entra en vigor el 1 de enero de 2025 “podría afectar de manera desproporcionada a aquellos ciudadanos con menor capacidad económica. Estos ciudadanos podrían verse obligados a adquirir vehículos nuevos o adaptados para cumplir con la normativa, lo que no todos pueden permitirse”.
DVUELTA recuerda al Defensor del Pueblo que “desde el punto de vista jurídico, la Constitución Española, en su artículo 14, establece el derecho a la igualdad y prohíbe cualquier forma de discriminación. Asimismo, el artículo 9.2 de la misma Constitución garantiza el derecho a la protección de los ciudadanos por parte de los poderes públicos. En este sentido, la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones podría interpretarse como una medida que, aunque con buenas intenciones medioambientales, no tiene en cuenta las desigualdades sociales existentes, lo que podría resultar en una vulneración del principio de igualdad”.
Tras repasar «abundante doctrina y jurisprudencia» al respecto, DVUELTA incide en la importancia de la reciente Sentencia TSJM que anula varios preceptos de la normativa de bajas emisiones del Ayuntamiento de Madrid, que refuerza la procedencia de que el Consistorio se replantee la entrada en vigor de esa parte de la Ordenanza.
Por todo lo mencionado, DVUELTA pide al Defensor del Pueblo inste al Ayuntamiento de Madrid a retrasar la aplicación de esta normativa, “permitiendo que se realicen las adecuaciones necesarias y se disponga de un tiempo suficiente para la adaptación. Esto asegurará que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de cumplir con la normativa sin verse perjudicados por su situación económica”.
