La Comunidad de Madrid invertirá 16,5 millones de euros en la gestión de centros y programas educativos para menores infractores en la región. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta dotación para financiar hasta 2026 la reinserción social y laboral de este colectivo.
Se trata, por un lado, de una prórroga de dos años del contrato para la gestión integral de dos centros de ejecución de medidas judiciales –El Laurel y El Lavadero-, que suman 93 plazas, adscritos a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. El importe asciende a 14,7 millones de euros hasta 2026.
Además, el Gobierno regional ha sacado adelante otra prórroga de dos años del contrato de servicios de un programa de apoyo a la inserción sociolaboral y de un grupo educativo. El valor es de 1,8 millones euros hasta 2026. Será ejecutado por la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial y el Grupo de Convivencia Las Palmeras de la Fundación Amigó.
La ARRMI, además de la función que le otorga la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, prioriza que este grupo especialmente vulnerable pueda tener una segunda oportunidad, y los resultados demuestran que nueve de cada diez jóvenes que pasan por sus instalaciones no vuelven a delinquir.
Recibió en sus centros el año pasado 2.049 altas de menores infractores, lo que representa un descenso del 7,5% respecto a 2022. Gracias a los programas prelaborales y formativos de la agencia, 446 adolescentes pudieron encontrar un puesto de trabajo.
