La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha mostrado su respaldo a las acciones judiciales del colectivo de profesores visitantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
El pasado 31 de agosto, la URJC prescindió de los casi 300 profesores visitantes que prestaban servicio en esta universidad madrileña. Como ya advirtió CSIF antes de verano, si se adoptaba esta decisión «el curso académico 2024/2025 iba a tener un comienzo convulso lleno de complicaciones». «La realidad ha dado la razón a CSIF y el inicio de curso está siendo caótico con numerosas titulaciones en las que los alumnos están sufriendo la falta de profesores», inciden.
Desde que se conocieron las intenciones de la universidad de no mantener los contratos de los profesores visitantes más allá del 31 de agosto de 2024, CSIF viene reclamando en todos los foros la prórroga de los contratos al menos hasta abril de 2025, como la ley contempla, «a fin de poner en marcha una solución ordenada y global del conflicto, tanto en el ámbito laboral de los afectados como en el ámbito académico de la universidad».
En todo este tiempo, CSIF «ha intentado negociar con los máximos responsables de la Universidad una solución para el colectivo, sin ningún éxito». Más aún, «se nos dijo que la URJC iba a poner en marcha diversos procesos de contratación (ayudantes doctores, predoctorales, sustitutos) que iban a solventar de manera rápida y eficiente el problema».
«Obviamente no ha sido así y una parte importante del colectivo no va a poder seguir dando clases este año en la Rey Juan Carlos o se transformarán en figuras de menor categoría y dedicación que la que tenían a 31 de agosto, cuando estos docentes han contribuido exitosamente durante muchos años a levantar la Universidad Rey Juan Carlos, asumiendo cargas docentes muy superiores a la media de un profesor universitario y con retribuciones exiguas», añaden desde CSIF.
Ante esta situación, CSIF ha vuelto a denunciar «los hechos que sabíamos de antemano que se iban a producir» y respalda las acciones judiciales que los afectados están poniendo en marcha, «prestándoles apoyo y asesoría».
