El Ayuntamiento de Madrid ofrece asistencia especializada para personas refugiadas y migrantes. Para ello, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad gestiona un servicio gratuito de asesoramiento jurídico en materia de extranjería y en supuestos de racismo e intolerancia, con el fin de facilitar la integración de las personas migrantes.
Este recurso municipal ha experimentado un incremento del 10 % de las consultas en lo que llevamos de año 2024 con respecto al mismo período del año anterior. Se mantienen las mismas tendencias de prestación del servicio tanto en la tipología de las consultas, como en los distritos, las nacionalidades y los tramos de edad de los demandantes.
Durante los primeros siete meses se ha atendido a 4.744 personas, mientras que en el mismo período de 2023 fueron 4.478. Las principales consultas han estado vinculadas al procedimiento de arraigo con 1.942 atenciones, seguidas de las 958 sobre asilo y las 545 concernientes a nacionalidad. Por último, se han registrado y 370 solicitudes sobre autorizaciones de residencia, 140 sobre autorizaciones de trabajo y nueve sobre discriminación.
Los distritos con mayor número de usuarios de este servicio de asesoramiento jurídico son Usera (414), Puente de Vallecas (373) y San Blas (349). Entre las nacionalidades de origen de los demandantes, destacan Perú (1.115), Colombia (900) y Venezuela (567). Por tramos de edad, este servicio es principalmente utilizado por personas de entre 31 y 50 años (2.419 solicitantes), seguido del tramo entre 18 y 30 años (999).
Asesoramiento especializado para personas refugiadas y migrantes
El servicio se presta por abogados especializados, y ofrece atención y orientación personalizada sobre autorización de residencia, de trabajo, arraigo social, visado, nacionalidad y expulsión, reagrupación familiar, racismo y xenofobia, derecho de asilo y justicia gratuita. Además, proporciona defensa jurídica gratuita en supuestos de racismo que revistan relevancia penal.
Puede solicitarse en la mayoría de los centros de servicios sociales de los distritos, así como en las dos oficinas municipales de información y orientación para la integración de población inmigrante, siempre que se cumplan los requisitos exigidos según el tipo de consulta.
En materia de arraigo, se requiere que la persona solicitante lleve más de tres años en España, que cuente con una oferta de empleo o tenga medios económicos suficientes, y que carezca de antecedentes penales en su país de origen y en España. Si la consulta trata de reagrupamiento familiar, solo lo podrán solicitar los extranjeros residentes legales con autorización de residencia renovada. En caso de que la consulta sea relativa a temas de racismo, podrá acceder cualquier persona que haya podido ser víctima de un delito por razón de su origen racial, étnico, nacional, cultural o religioso.
