La Asociación de Automovilistas Europeos (AEA) ha solicitado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la revisión y cancelación de cerca de 2,5 millones de expedientes sancionadores (concretamente 2.477.817), incoados en los dos últimos años contra miles de conductores madrileños, por un importe económico superior a los 400 millones de euros, «por cuanto se han detectado graves irregularidades en su tramitación».
El primer grupo de sanciones que deben ser anuladas -según señala AEA en su petición- se refieren a 1.260.646 expedientes sancionadores tramitados por el consistorio madrileño entre abril y septiembre del 2023, con graves defectos en las notificaciones a los interesados, según reconoció el propio Ayuntamiento de Madrid en la denuncia formulada ante la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 25 de marzo contra la empresa encargada del servicio RD Post Comunicación Certificada S.L.
En dicha denuncia el Ayuntamiento reconoce que en la primera actuación revisora realizada por el IAM (Informática del Ayuntamiento de Madrid), se detectaron irregularidades en las notificaciones de dos de cada tres expedientes inspeccionados (62,33%) y señala que “Al margen del perjuicio directo derivado de la facturación de servicios no prestado, debemos señalar que el Ayuntamiento ha sufrido otro perjuicio, consecuencia de la afección que las notificaciones irregulares van a producir en los procedimientos administrativos en que se debieran haber efectuado. La falta de notificación podría determinar la caducidad de los procedimientos sancionadores que se traducirá en que por parte del Ayuntamiento de Madrid no se podrá hacer efectivo el cobro de sanciones impuestas por el defecto en la notificación.”
Por ello, AEA considera que si el Ayuntamiento ya reconoce en su denuncia ante la Fiscalía que “no se podrá hacer efectivo el cobro de sanciones impuestas por el defecto en la notificación” y, en base a ello reclama a la empresa concesionaria el daño causado, «no puede continuar con la tramitación y cobro de unas multas, incluso mediante el embargo de cuentas bancarias, que ya sabe que están viciadas de nulidad y debían haberse cancelado».
Multas ilegales de 200 euros impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones
El segundo grupo de expedientes sancionadores que «deben ser anulados» se refieren a las denuncias formuladas desde marzo de 2023 por “Acceder a las Zonas de Bajas Emisiones sin autorización”, que el Ayuntamiento de Madrid ha venido calificando como infracciones graves e imponiendo sanciones de 200 euros, cuando «en realidad se tratan de infracciones leves no pudiéndose imponer sanciones superiores a 100 euros, como reiteradamente le vienen recordando los tribunales».
En este grupo, descontando los expedientes irregulares incluidos en el apartado anterior, se encuentran otros 1,2 millones de multas (732.511 por acceder sin autorización a Distrito Centro; 341.894 por acceder a Plaza Elíptica y 133.918 por acceder al interior de la M-30), a los que habría que añadir las denuncias formuladas por las cámaras situadas en el km. 5 de la A-3 en 2024 que, «a pesar de encontrarse en el exterior de dicho anillo y hasta julio de este año no debían sancionar, han estado formulando ilegalmente a miles de conductores durante el primer semestre».
Multas por excesos de velocidad «inexistentes» en la avenida de la Victoria
Y en el último grupo se encuentran las multas impuestas en la Avenida de la Victoria (antigua carretera de El Plantío), por unos supuestos excesos de velocidad que -como ya denunció AEA en su momento- no se produjeron, al no existir en dicho lugar ningún límite de velocidad a 30km/h., como sostenía el Ayuntamiento y los servicios jurídicos de AEA tuvieron ocasión de demostrar ante los tribunales.
«Solución a un grave problema económico y social que afecta a miles de familias»
Por último, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, le pide al Alcalde su rápida intervención en este asunto en «la convicción de que el gobierno municipal que Vd. preside no persigue una finalidad recaudatoria de centenares de miles de sanciones impuestas de forma irregular a los conductores madrileños, ni pretende crear un problema social a miles de familias que no pueden asumir deudas multimillonarias por multas de circulación de dudosa legalidad».
