Hace poco más de un mes, el gobierno de la Comunidad de Madrid empezó a difundir un avance de propuestas de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. Se trata de un documento de ideas para una Ley de espacio madrileño para la educación superior.
Tanto el Consejero como otros responsables autonómicos anunciaron que a finales del mes de julio se conocería el proyecto de Ley en un texto articulado. «Anuncio que no se ha cumplido», denuncia el sindicato CCOO. A pesar de lo anunciado, «van pasando las semanas y todavía no se conoce el articulado de la Ley. Ahora, los portavoces regionales retrasan al próximo otoño la presentación del texto».
En la reunión mantenida, el pasado 3 de julio, el Director General de Universidades explicó verbalmente a los representantes de CCOO las propuestas en las que está trabajando el Gobierno de Ayuso sin facilitar al sindicato, mayoritario en las Universidades públicas madrileñas, ningún documento escrito.
En estas circunstancias, para CCOO «es complicado valorar un proyecto de ley a partir de un documento de 8 páginas, con apenas unas pinceladas de la futura norma, conocido por fuentes indirectas y sobre el que no existe certeza de que sea el definitivo».
No obstante, tras un primer análisis, se concluye que «el gobierno autonómico está más preocupado en fomentar la enseñanza universitaria privada y en limitar la autonomía de las universidades públicas (restringiendo incluso el derecho a la protesta) que en defender y financiar adecuadamente el sistema universitario público».
Puntos fundamentales de una Ley de Universidades para Madrid
Para CCOO, una Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Debe ser una ley que respete el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de la comunidad universitaria. En particular, deber respetar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
- Debe definir claramente en qué consiste “la prestación del servicio público universitario”. Este servicio público debe contemplar necesariamente la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad y debe ser garantizado por las universidades públicas. En cuanto a las universidades privadas, se debe garantizar que cumplen realmente con este cometido.
- Para que puedan ofrecer un servicio público universitario de calidad, las universidades públicas deben contar una financiación que cubra el 100% de sus necesidades básicas (en el borrador presentado, se habla de menos de un 70% de financiación).
- Debe contemplar una política de becas y ayudas al estudio para que la ciudadanía madrileña pueda ejercer su derecho a la educación superior.
- Debe incluir un compromiso de precios públicos que se ajuste, al menos, a los precios públicos de aplicación en el año 2011, tal y como se están aplicando en otras comunidades autónomas. Madrid no puede seguir siendo la comunidad cuyos precios públicos sean los más elevados a nivel nacional.
- En aplicación de la normativa nacional, debe garantizar destinar al menos el 1% del PIB autonómico a la financiación de las universidades públicas madrileñas.
- Por otra parte, no debe regular aspectos del personal de las universidades (PDI y PTGAS) que no sean acordes a la legislación vigente y que interfieran en aspectos propios de la negociación colectiva.
«La Comunidad de Madrid es uno de los principales polos universitarios del estado español, para CCOO es esencial desarrollar una Ley de Universidades que impulse el sistema universitario público, principalmente respecto a la financiación. Para ello, se debe contar con toda la comunidad universitaria y, en particular, con los sindicatos que representan a las plantillas universitarias”, concluye Isabel Galvín.
