La Asociación Vecinal de Montecarmelo y la Plataforma No al Cantón de este barrio madrileño han denunciado este viernes que el Gobierno municipal dirigido por José Luis Martínez-Almeida «lleva tres meses ocultando a los afectados y a la opinión pública el informe de georradar que él mismo encargó».
«Gracias a la petición masiva de decenas de vecinos al portal de Transparencia, tras constatar que el Ayuntamiento incumplía una vez más su palabra y no facilitaba el estudio, ahora al fin han tenido acceso al informe de georradar firmado por Gama Geofísica con fecha de abril 2024», subrayan.
De él se desprenden dos conclusiones claves. La principal es que la posible fosa común de 451 brigadistas de una veintena de nacionalidades no está en una “parcela adyacente” al megacantón de basura y base del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR), «como aseguró el alcalde de Madrid ante los medios de comunicación en junio». «Muy al contrario, afecta directamente al macroproyecto, pues se encuentra parcialmente en la parcela en cuestión (26.2 b) y en la futurible vía de acceso, de acuerdo con el plano urbanístico según el Geoportal del Ayuntamiento y con el estudio encargado por el propio Ayuntamiento», exponen.
La segunda conclusión importante es que el propio estudio «reconoce que hay parte del terreno que no ha podido estudiar adecuadamente y aconseja hacerlo con otros métodos». Ahora las entidades vecinales han podido leer el informe gracias a las peticiones individuales de vecinos a través del portal de Transparencia, que a su vez denuncian «un retraso en la respuesta de Transparencia, que ha tardado aproximadamente dos meses en llegar, en lugar de un mes, como está establecido legalmente».
“Nuestro alcalde y su equipo nos han mentido a todos por partida doble: ni la posible fosa común de 451 brigadistas se encuentra en una ‘parcela adyacente’ al proyectado megacantón de basura y base del Servicio de Limpieza Urgente, como afirmó el alcalde, ni el informe de georradar que encargaron tenía únicamente datos en bruto, como afirmó el delegado de Limpieza y Zonas Verdes a la vez que concejal presidente de nuestro distrito, José Antonio Martínez Páramo. Tienen el informe guardado en el cajón desde abril, y siguen sin facilitárselo a las entidades vecinales a pesar de habérnoslo prometido”, denuncia Charo del Campo, presidenta de la Asociación Vecinal de Montecarmelo.
Los vecinos de Montecarmelo presentaron 14.058 firmas a mediados de mayo para pedir la reubicación del megacantón con base del SELUR lejos de colegios y viviendas, y por consenso vecinal, de acuerdo con la promesa que el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, realizó antes de las elecciones municipales del año pasado. «El Ayuntamiento sigue sin responder a la petición de la Asociación y de la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo para reunirse con el alcalde tras haber registrado las firmas en el Consistorio», critican.
“La actitud del Gobierno municipal es un atropello a los intereses de los ciudadanos a quienes se supone que defienden. Solo colabora a duras penas para aclarar la ubicación de la fosa común cuando la verdad sale a la luz y ningunea a los 6.000 niños afectados por su proyecto de megacantón de basura y camiones que convertiría uno de los barrios con mayor población infantil de la capital en un polígono industrial”, lamenta Paco Arranz, portavoz de la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo.
El plan municipal del megacantón de basura previsto en la parcela de 10.000 m2 tras el cementerio de Fuencarral incluye una base de 80 camiones y otros 37 vehículos industriales, así como la gestión y trasvase de basura de todo tipo, incluidos amianto y microcemento. Todo ello, a tan solo 63 metros de los colegios más cercanos y a escasos 140 metros de viviendas. Asimismo, «lo que sobre plano es una parcela en realidad es el corazón verde del barrio, con centenares de árboles que el macroproyecto obligaría a talar y situaría una central con grandes cantidades de basura a solo un minuto y medio caminando del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares».
Las entidades vecinales reclaman «transparencia y diálogo verdadero» al Consistorio para «buscar una ubicación que no dañe a nadie, pues las reuniones mantenidas hasta febrero, cuando Carabante echó de la sala a los representantes vecinales, no han servido más que para que el área de Urbanismo imponga su criterio sin mostrar informe técnico alguno que lo avale». La propia legislación de la Comunidad de Madrid establece que los menores deben tener un entorno seguro y saludable para su desarrollo, «derecho que el Gobierno municipal les negaría imponiendo una central de camiones y basura pegada a sus colegios y en el camino a ellos».
