La Comunidad de Madrid invertirá 4,5 millones de euros para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto que cumplen los menores infractores. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana una prórroga de dos años del contrato para la gestión integral de tres Centros de Día, y dos programas orientados a la atención de estos jóvenes que cumplen medidas no privativas de libertad, y que incluyen tratamiento ambulatorio y tareas socioeducativas, así como actividades de reparación extrajudiciales.
Este servicio público que ofrece la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, está repartido en cinco lotes, y las empresas adjudicatarias seguirán realizando estos trabajos hasta 2026, ya que el actual contrato finaliza en diciembre de este año.
La ARRMI, además de la función que le otorga la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, prioriza que este colectivo especialmente vulnerable pueda tener una segunda oportunidad, y los resultados demuestran que nueve de cada diez jóvenes que pasan por sus instalaciones no vuelven a delinquir.
Recibió en sus centros el año pasado 2.049 altas de menores infractores, lo que representa un descenso del 7,5% respecto a 2022. Gracias a los programas prelaborales y formativos de la agencia, 446 adolescentes pudieron encontrar un puesto de trabajo.
