El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha remitido una carta a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) tras el comunicado emitido por ella en relación a la situación en la Franja de Gaza y la invasión israelí, que ya ha causado más de 34.000 muertes palestinas, casi la mitad niños.
En dicho comunicado de este jueves, desde la CRUE se mostraba su apoyo “al sentir de nuestros campus y la reivindicación que desde ellos se está extendiendo”, en alusión a las acampadas en diversos campus, entre ellos el de Ciudad Universitaria de Madrid, que están exigiendo el alto el fuego en Palestina, e informaba de que se romperá con los centros israelíes que no estén comprometidos con la paz.
Ante ello, el Gobierno de Ayuso ha remitido una misiva, a la que ha tenido acceso Gacetín Madrid, en la que se expone su «respeto escrupuloso por la autonomía universitaria y por la libertad de la Junta Rectora de la CRUE para manifestarse al respecto de cualquier cuestión que crea que le atañe».
«Mi sorpresa por el interés selectivo de la CRUE: produce extrañeza que no se manifestara recientemente ante asuntos que le resultan mucho más cercanos, y que si le pudieran resultar más comprometidos, como las amenazas al Estado de derecho y la separación de poderes aquí, en España, al hilo de la Ley de amnistía, cuando tantas instituciones, asociaciones profesionales y cuerpos de funcionaros emitieron comunicados de compromiso con la Constitución y la Igualdad de los españoles ante la ley», señala el consejero madrileño.
«Pero lo que como consejero no puedo dejar de advertir es la quiebra de la seguridad jurídica y el acto de censura y control ideológico, incluso de falta de humanidad que supone la amenaza de la CRUE en su comunicado de: Revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación Israelíes que no hayan expresado su firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario«, añade.
Este párrafo, subraya, «atenta contra la seguridad jurídica, porque se refiere a acuerdos que son meramente académicos; y atenta contra la libertad de expresión y conciencia, porque las ideas políticas de los científicos e investigadores no deberían ser parte de dichos acuerdos, ni se les puede obligar a pronunciarse (este tipo de firmas forzadas nos recuerdan demasiado a regímenes dictatoriales). Dicha amenaza constituye también un acto de inhumanidad porque no es justo ni proporcional exigirle a nadie que vaya contra su propio país cuando está en guerra. ¿Se hizo con las instituciones académicas e investigadoras palestinas a raíz de los atentados de Hamas?: no figuraba tal cosa en los comunicados que al hilo de tales atentados publicó la CRUE».
Dicha amenaza «va también contra los derechos laborales de los investigadores, docentes y trabajadores de dichas instituciones, cuyo trabajo y salario se ve amenazado por razones ideológicas que, para colmo, no están en su mano porque van en bloque. Es inconstitucional privar a alguien de su salario, de una subvención o negarle un convenio por razones ideológicas, y menos de forma sobrevenida».
Además, en el caso de que dichos acuerdos sean convenios, «la competencia seria del Consejo de Gobierno de cada universidad, no de la CRUE. Hay limites. Lo he manifestado así estos días: todo cabe en las universidades, pero siempre con el limite del respeto a la Constitución».
«Por eso, mi Consejería se compromete a respetar todos los acuerdos firmados por la Comunidad de Madrid, y a amparar a los docentes, investigadores y personal laboral de instituciones académicas israelíes que se vean afectados por estas medidas que anuncia la CRUE y que exceden con mucho sus competencias y lo que la razón aconseja y el Derecho permite», concluye Viciana.
