El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido, en su reunión de hoy, el informe de la nueva Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida que permitirá la transformación de oficinas en pisos de alquiler a precio asequible.
La iniciativa del Ejecutivo autonómico tiene como objetivo el aumento del parque de vivienda regional para facilitar así su acceso a los madrileños. El Gobierno madrileño estima que la Ley se podrá aplicar para liberar 1,8 millones de metros cuadrados de oficinas para su transformación en un total de 20.000 nuevos pisos en municipios de la región.
El informe ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y la previsión del Gobierno es que la aprobación de la Ley se produzca durante las próximas semanas para su inmediata entrada en vigor tras su tramitación en la Asamblea de Madrid.
La normativa de la Comunidad de Madrid establecerá una medida extraordinaria y temporal que autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario – destinado a oficinas- a uno residencial, para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública (VPP) en régimen de alquiler.
Esta novedosa acción será posible sin necesidad de hacer una modificación del planeamiento. En su lugar se podrá realizar mediante licencia, habilitando un plazo de dos años para solicitarla, desde la entrada en vigor, y de tres como máximo para ejecutar la obra. Se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios existentes, siempre que sea a toda la infraestructura.
SIMPLIFICANDO TRÁMITES EN EL ACCESO A VIVIENDAS
Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid facilita el acceso a la vivienda mediante la simplificación de trámites, reducción de cargas o modificaciones que permitan una mejora organizativa y un impulso de esta actividad económica.
Además, incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello se produce una reducción del plazo para su construcción de entre 8 y 12 meses. También se recoge un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las VPP, situando el número de plazas de aparcamiento en uno por vivienda.
En todo caso, se respeta la autonomía local. Así, los ayuntamientos podrán decidir no aplicar en su término municipal el régimen previsto, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación.
