La Comunidad de Madrid ha reconocido el compromiso de 13 empresas que trabajan voluntariamente mediante el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría medioambiental (Eco-Management and Audit Scheme- EMAS).
Esta herramienta, desarrollada por la Unión Europea y supervisada por el Gobierno autonómico en el tejido industrial y empresarial de la región, así como en las organizaciones sociales y Administraciones Públicas, garantiza la mejora continua de prácticas respetuosas con el entorno y su verificación mediante auditorías independientes.
Con este motivo, la directora general de Transición Energética y Economía Circular, Cristina Aparicio, ha hecho entrega de un diploma acreditativo a estas 13 sociedades inscritas en el Registro EMAS desde hace más de dos décadas, destacando la fábrica de material de envasados Tetrapak Envases, que ya ha superado los 26 años de permanencia.
Asimismo, la gestora Tecnoresiduos R3, las consultoras en ingeniería Tauw Iberia y CYGSA, la empresa Blas y Cía dedicada al transporte, la farmacéutica Glaxo-Smithkline, el Hospital Clínico San Carlos, el Archer Hotel Palace y la ingeniería de agua y residuos sólidos INNCIVE han sido destacadas por sus buenas prácticas medioambientales, la implicación de su personal, la evaluación sistemática de su impacto y la transparencia de los resultados.
La Comunidad de Madrid cuenta con 110 entidades registradas, de las que las transportistas Ruiz, Martín y Alcalabus, y el servicio municipal de reciclaje de Aranjuez, incorporadas todas ellas 2023, contribuyen al control de los recursos y el desarrollo de la economía circular. Son un 11,4% del total nacional, ya que España cuenta con 967 organizaciones EMAS. Es el tercer país de Europa en cuanto a número de inscritos, solo por detrás de Alemania e Italia.
Las entidades que han adoptado esta metodología ostentan el logotipo EMAS y respetan escrupulosamente la normativa ambiental, que integra sus actuaciones y supone un valor añadido en su trabajo. Este sello garantiza que han detectado sus impactos más significativos y se han planteado objetivos y acciones para reducirlos, que se evalúan periódicamente. Además, elaboran una declaración anual verificada por organismos independientes y que tiene carácter público.
