El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha incoado diligencias previas tras la denuncia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra la Fiscalía Provincial por supuesta revelación de secretos en el caso en el se investiga a Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil.
En rueda de prensa el pasado 18 de marzo, el decano de los abogado madrileños, Eugenio Ribón, expuso que desde la ICAM se considera de «extrema gravedad» la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de un comunicado oficial, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, «produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados».
Ribón anunció que se iba a interponer una denuncia administrativa y otra penal por la presunta vulneración del secreto de las comunicaciones de Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y colegiado del ICAM. El decano explicó que se iban a tomar estas acciones legales en defensa del abogado de Alberto G. A. ya que «la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal».
«El Colegio de la Abogacía de Madrid, como mayor colegio de Europa, en nombre de sus más de 75.000 colegiados y como garante del Derecho de Defensa de toda la sociedad, tiene la obligación de defender a ultranza y con la mayor contundencia el derecho de defensa», subrayó.
«El pasado jueves, a las 10:22h de la mañana, la Fiscalía Provincial de Madrid, remitió a los medios de comunicación una nota de prensa en la que se recogían datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados», relató.
A juicio del ICAM, «la publicación de dicha información por parte de la Fiscalía no solo constituye una vulneración sin paliativos, del artículo 4, apartado quinto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece, como pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados; sino que también incumple flagrantemente el protocolo de actuación para juicios de conformidad entre el Ministerio Fiscal y el cuerpo de letrados. Regulado en la Instrucción 2/2009 de la Fiscalía General del Estado».
El Colegio, «hasta que no se establezcan mecanismo reforzados de confidencialidad se desvincula del Protocolo de Conformidades. Y por ello desde este momento insta a una revisión del actual protocolo de conformidades, dada su inadecuación y a que, vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado» ha indicado.
Y anunció la presentación de una denuncia formal que inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para finalmente «dar instrucciones a los Servicios Jurídicos del ICAM para la presentación de la correspondiente denuncia por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del Comunicado Oficial de la Fiscalía AP de Madrid, y en su caso, la personación de este colegio en la causa como parte interesada».
Foto: ICAM.
