El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de la ley de creación de la Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales dando luz verde, en su reunión celebrada hoy en Alcalá de Henares, a la publicación en el Portal de Transparencia de la consulta pública de su anteproyecto.
Este organismo unificará las competencias relativas a la ordenación de la actividad de todos los centros, ya sean de mayores, discapacidad, menores, personas en situación de vulnerabilidad o de mujeres víctimas de violencia, entre otros.
Se trata de una Agencia pionera en España en este ámbito y se convertirá en el instrumento principal de la Administración madrileña en el cambio en el modelo de atención. Esta norma forma parte del proyecto de reordenación administrativa de los recursos sociales, para mejorarlos y actuar en base a un modelo de atención integral centrada en la persona.
En este mismo sentido, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya ha comenzado la tramitación del nuevo Decreto regional para la libre elección de los servicios de atención a la dependencia. Próximamente, se aprobará una Orden con la actualización de los requisitos y estándares de calidad para la acreditación de los centros y servicios en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y el cuidado de aquellas en situación de dependencia.
La Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales –cuya creación no comporta un aumento del gasto para el Gobierno regional-, se hará cargo de la gestión de los registros oficiales para la inscripción de las entidades del sector, así como de la función inspectora de todos los centros sociales que hay en la región, tanto públicos como concertados y privados. Esto será posible mediante la creación de un cuerpo superior de inspectores reforzado y ampliado sobre el actual. Además, coordinará y desarrollará las actuaciones de obras y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Consejería.
Las evaluaciones que realice la Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales incluirán el análisis de la experiencia de los usuarios y trabajos de investigación sobre las necesidades emergentes y soluciones innovadoras para afrontarlas.
Así, promoverá la modernización de los programas de intervención social, actuará como referente en el desarrollo de estudios y de explotación de datos e impulsará programas de formación, dirigidos a los distintos operadores del sector, empleados públicos, ONGs y ayuntamientos y mancomunidades.
Además, la ley contemplará que el nuevo organismo pueda ejercer sus funciones con la independencia y autonomía necesarias respecto al resto de los órganos directivos de la Consejería, para una mayor eficiencia en la actividad que realiza, y, en definitiva, en la mejora de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
