Los precios de la vivienda con protección pública de la Comunidad de Madrid no se revisan desde 2008. La Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras propone ahora actualizarlos abordando una subida de precios que, en el caso de las viviendas de precio básico, alcanza entre el 26% y el 36% y en el de las viviendas de precio limitado está entre el 16% y el 26%, según las zonas en que se clasifican los municipios de la región.
Con ello pretende reactivar la promoción de viviendas con algún grado de protección, que en los últimos años ha sufrido un enorme declive. No en vano, la Consejería ha consultado a la asociación de promotores (ASPRIMA) pero «ha optado por obviar a las organizaciones vecinales, sociales y sindicales de la región», critican.
Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) consideran que, aunque «necesaria», la actualización de los precios que debe producirse «no se ajusta en modo alguno a la que plantea el Gobierno regional, puesto que el aumento resulta desmesurado e incurre en dislates como situar el precio del metro cuadrado de la vivienda con protección por encima del precio de mercado del metro cuadrado de la vivienda libre».
Esta situación se producirá en municipios como Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Parla, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada y gran parte de las localidades de menor población de la Comunidad de Madrid. La revisión de precios «entraña, además, que las rentas de alquiler de las viviendas con protección prácticamente se equiparen e incluso superen a los alquileres a precio de mercado».
La Federación Vecinal denuncia que entre la documentación de la revisión de precios publicada en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid «no existe ningún estudio que avale los precios propuestos por la Consejería y alerta que, de aplicarse, dificultarán el acceso a la vivienda con protección a las familias de bajos ingresos, obligándolas a asumir tasas de esfuerzo (coste de la hipoteca o de la renta de alquiler, más los suministros, sobre los ingresos netos) muy superiores al 30%, el umbral que se considera el tope máximo deseable».
Para la FRAVM esta «no es la forma de recuperar la promoción de la vivienda con protección en la Comunidad de Madrid» y abogan por «el aumento de la promoción directa de viviendas sociales en alquiler en la región y los municipios». También reclaman que la Comunidad de Madrid y las administraciones municipales «incentiven la construcción en los suelos urbanizables calificados para la construcción de viviendas con protección y, en el supuesto de que los propietarios los retengan de manera especulativa, procedan a aplicar las medidas previstas en la legislación del suelo, en particular la expropiación por incumplimiento de los plazos». A su vez, llaman a impulsar la promoción de viviendas protegidas «haciéndolas atractivas para los promotores y advierten que los constantes aumentos del precio de la vivienda libre dificultan alcanzar este objetivo».
La Federación Vecinal exige que las administraciones «pongan fin a la escalada de precios haciendo uso de las herramientas legales de las que disponen, como la recientemente aprobada Ley por el Derecho a la Vivienda, y critica la negativa a desarrollarla que han mostrado tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida».
Desde la FRAVM recuerdan que las administraciones también disponen de recursos para limitar los precios del alquiler, como la declaración de zonas tensionadas o la posibilidad de que los ayuntamientos recarguen el IBI de las viviendas vacías.
Las tres primeras columnas detallan los precios de las viviendas libres según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en los municipios de más de 25.000 habitantes. El resto de las columnas recogen la proporción entre los precios propuestos y el precio de la vivienda libre. En rojo se destacan los casos en que la vivienda con protección será más cara.
