Los magistrados titulares de los Juzgados de Instrucción 6, 19 y 20 de Madrid, con competencias en materia jurisdiccional y de control relativas a los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) de la Comunidad de Madrid han acordado de manera unánime requerir al Ministerio del Interior y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a fin de que adopten con carácter urgente cuantas medidas resulten precisas para poner fin a la situación de hacinamiento actualmente existente en las Salas de Inadmitidos de las Terminales T1 y T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, como consecuencia del exceso de solicitantes de asilo ingresados en tales salas, con salvaguarda de los derechos de tales personas, entre los que se encuentran 19 menores de edad y familias cuya intimidad se está viendo vulnerada.
El acuerdo, al que ha tenido acceso Gacetín Madrid, es fruto de la queja formulada por la coordinadora Estatal del Servicio Jurídico CEAR en la que exponía que, en el verano de 2023 se ha producido un aumento exponencial del número de solicitantes de protección internacional en el citado aeropuerto, existiendo, además, retrasos en la formalización de las solicitudes, provocando todo ello una situación de sobreocupación de las salas de solicitantes de protección internacional ubicadas en la T1, teniendo que habilitarse para el mismo efecto las salas de inadmitidos de la T1 y T4.
Como consecuencia de todo ello, -recogía el escrito de queja- las salas de protección internacional e inadmitidos, destinadas a la acogida de solicitantes de protección internacional están sobreocupadas, con alrededor de 250 personas en la actualidad, con el consiguiente deterioro de las condiciones higiénicas de las instalaciones y escasez de comida.
Dicho hacinamiento ha sido constatado en la visita girada a la Sala de Inadmitidos del aeropuerto por los jueces de control de la misma durante la cual se pudo comprobar, entre otras circunstancias, que muchos de los ingresados en dichas salas están durmiendo en colchones instalados en el suelo, sin las más mínimas condiciones de salubridad, higiene e intimidad, que permitan proteger sus derechos básicos en las circunstancias en las que se encuentran, tratándose en algunos casos de familias y menores edad. Situación que ha dado lugar al requerimiento urgente de los magistrados a las autoridades competentes.
