Durante la reunión, la vicepresidenta ha valorado positivamente el impacto de los tres Protocolos de inclusión financiera y de los Códigos de Buenas Prácticas suscritos, y ha reiterado la voluntad del Gobierno de completar el marco institucional de protección e inclusión financiera con la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, relanzada la semana pasada.
Además, se ha reforzado la protección de deudores hipotecarios y de inclusión financiera, mediante la ampliación del marco preventivo para el alivio a los deudores en riesgo de vulnerabilidad y el refuerzo de la inclusión financiera de personas mayores o discapacitadas y en el ámbito rural.
Se amplía el umbral de renta para acceder al Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad
En la reunión se ha evaluado la aplicación de los Códigos de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios suscritos con el sector financiero. El Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad, puesto en marcha hace un año, se planteó como una medida preventiva para dar una red de seguridad para los deudores vulnerables más afectados por la subida de los tipos de interés, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera.
Las solicitudes recibidas para los códigos de buenas prácticas hipotecarias en 2023 ascienden a más de 55.000 hasta septiembre, según los datos del Banco de España, la cifra más alta de peticiones, lo que pone de manifiesto su necesidad y utilidad. A ello se suman las medidas de alivio alternativas acordadas de forma bilateral entre las entidades financieras y sus clientes, como renegociaciones, refinanciaciones y, sobre todo, amortizaciones anticipadas.
Esta evolución, unida a la baja tasa de dudosidad de los hogares, son reflejo de la fortaleza del mercado laboral y la mejora de la situación financiera de las familias durante los últimos años, que les ha permitido afrontar desde una posición más fuerte una subida de los tipos de interés sin precedentes. Ello redunda, asimismo, en el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero.
A la luz de este diagnóstico y tras un año de implementación de esta red de seguridad, se considera necesario y pertinente potenciar su capacidad como marco preventivo, sin generar riesgos de estabilidad financiera. Para ello, el Gobierno ampliará el umbral de renta para poder acceder al Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad. En concreto, este umbral aumenta de 3,5 a 4,5 veces el IPREM, lo que supone que podrán acceder hogares con una renta anual de hasta aproximadamente 38.000 euros.
Asimismo, se ampliará durante 2024 la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios a tipo variable y la conversión a tipo fijo y se amplía la gratuidad a las conversiones de tipo variable a mixto.
Por otro lado, una vez que finalice esta medida se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos.
Medidas de alivio para apoyar a hogares con hipotecas
La vicepresidenta primera ha insistido en la necesidad de informar proactivamente a los ciudadanos sobre las distintas opciones de alivio hipotecario a su disposición. Que consisten en:
- La congelación del tipo de interés durante 12 meses, es decir, la congelación de la cuota durante ese periodo.
- La extensión del plazo de amortización de hasta 7 años.
- Y para familias con renta inferior a 25.200 euros (3 veces el IPREM) se añade también la carencia de 2 años.
Avances en inclusión financiera y atención personalizada
Respecto al protocolo suscrito en febrero de 2022 para garantizar la inclusión financiera de los mayores y personas con discapacidad, todos los participantes han valorado muy positivamente las medidas adoptadas, que están dando lugar a una mejor atención, más cercana y adaptada.
Se han producido avances en la atención presencial, mejoras en horarios de atención al público, con un 82,2% de oficinas con horario ampliado; el incremento hasta el 94% del número de cajeros adaptados y 277.000 personas mayores que recibieron formación financiera en el primer semestre, además del aumento en un 12% de la figura del consejero senior.
Para garantizar la protección a las personas mayores en todo el sector financiero, el Gobierno eliminará antes de final de año las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla. Se mantendrá, asimismo, el seguimiento trimestral y la comunicación de los avances para poner en marcha las mejoras necesarias en su caso.
Servicios financieros en el ámbito rural
Respecto a la hoja de ruta para la inclusión financiera en el ámbito rural, suscrita por las patronales sectoriales en octubre de 2022, también se han producido importantes avances en el último año. Hasta la fecha, se ha logrado dar cobertura, a través de la instalación de cajeros u otras modalidades alternativas como los Ofibuses, a más de 200 municipios, el 93% de los municipios de más de 500 habitantes que no disponían de punto de acceso a servicios financieros hace poco más de un año, lo que supone una inclusión de más de 200.000 personas que viven en el ámbito rural.
La vicepresidenta ha trasladado en la reunión del objetivo debe ser que el 100% de los municipios de todos los tamaños puedan acceder a servicios financieros, con soluciones adaptadas a sus especificidades territoriales y de población. Asimismo, se ha previsto ampliar la información que figura en el registro del Banco de España, de manera que figuren las formas más novedosas de prestación física de servicios financieros, para favorecer la identificación de posibles carencias y continuar avanzando en la cobertura efectiva de todo el territorio nacional.
Autoridad de Defensa del Cliente Financiero
Finalmente, la vicepresidenta primera ha comunicado a las patronales de las entidades de crédito, a los representantes de los intereses de los usuarios financieros y al Banco de España el relanzamiento del proyecto para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Nadia Calviño ha reiterado que es un proyecto prioritario para el Gobierno, que actuará como colofón para completar el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros. Según se ha trasladado, se ha dado carácter prioritario y urgente a su tramitación con el fin de que pueda constituirse lo antes posible.
Incidencias en los sistemas de pago
Durante la reunión se han analizado también otros asuntos relacionados con la situación del sistema financiero y, en particular, las incidencias que se han producido en las últimas semanas en el sistema de pagos. Se ha acordado poner en marcha distintas medidas para reforzar la seguridad y la confianza de los usuarios y evitar que se repitan episodios similares.
