La Asociación El Defensor del Paciente ha envidado una carta a la Fiscal del Mayor y Discapacidades de la Comunidad de Madrid, Lorena Álvarez Taboada, y a la Fiscalía de Menores para solicitar la apertura de una investigación ante el reiterado envío de comida en mal estado por parte de la Plataforma Femar, como huevos podridos y agusanados y fruta en precario estado, a varias residencias infantiles de Madrid.
Concretamente, el 4 de mayo se remitieron dos cajas de 25 kilogramos de mandarinas «en condiciones no adecuadas» al centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia de Madrid; nectarinas y piña en mal estado a la residencia infantil Arganda del Rey y al centro de primera acogida de Hortaleza. El 11 de julio de este año se enviaron huevos podridos y con gusanos, además de una lata de atún agujereada, a la residencia infantil Las Azaleas de Colmenar Viejo; y el 21 de julio se enviaron huevos con suciedad en la superficie, color oscuro y mal olor a la residencia infantil Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones. Por todo ello han sido multados por la Comunidad de Madrid con 2.853 euros.
El 7 de junio la Plataforma Femar llevó a la residencia de primera infancia El Valle de Madrid varios lotes de gelatina que habían caducado en abril, siendo multada con 374,22 euros. Entre mayo y junio enviaron a varios centros de menores de Madrid, Arganda del Rey y Leganés alimentos tras romperse varias veces la cadena del frio, recibiendo una sanción de 1.086 euros.
En total, ha recibido multas por más de 4.300 euros, una empresa que ya anteriormente había ido denunciada por servir alimentos podridos en residencias de mayores e infantiles. A pesar de ello, en octubre la Plataforma Femar logró hacerse con el contrato para suministrar la comida a las 22 residencias infantiles públicas, con hasta 800 menores. Desde la Consejería de Asuntos Sociales exponen que la Ley no impide volver a contratar a una empresa a la que previamente se había y que los alimentos en mal estado o podridos se lograron detectar antes de servirse a los niños y adolescentes.
El Defensor del Paciente denuncia «que la actuación con seres indefensos es tan reprochable como indigna y malvada». «Es una actuación presuntamente delictiva, trato vejatorio y que parece una constante. No fue suficiente con las miles de muertes por denegación del deber de asistencia, que suma y sigue la mala gestión de control y vigilancia de centros que están utilizando la maldad como tratamiento estamos hablando de niños y ancianos, un delito que debe ser castigado porque nadie puede actuar de esta forma sin que quede sin castigo, y para más delito, incluso excusan esta situación desde la Consejería de Sanidad».
Por ello «rogamos tomen en consideración lo que debe ser una urgente puesta en marcha con la ayuda de la Fiscalía, todos tenemos padres, madres, hijos a los que nos gustaría como fueran tratados». Dicha solicitud, concluye la misiva, está fundamentada en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «que obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia en algún delito público y por ello tenemos que denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal».
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Estos dirigentes deben ser muy malas personas. Alguien debe estar lucrándose de este negociante.