Este sábado 25 de noviembre, más de 50.000 personas se han manifestado por el centro de Madrid contra las violencias machistas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema ‘Se acabó: Nuestra lucha es global’, ha partido a las 18:00 horas de Atocha para acabar en la plaza de Callao.
Convocadas por la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, las más de 50.000 personas congregadas han dicho «se acabó el silencio, se acabó la impunidad. Se acabó la violencia contra las mujeres». «Hemos gritado con todo nuestro dolor y rabia por nuestras hermanas asesinadas. ¡Ni una menos! Una vez más hemos gritado con toda nuestra fuerza que las violencias machistas no son casos aislados, es el patriarcado», han subrayado los convocantes.
Han exigido que «se desarrollen todas las medidas de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual y de genero recogidas en las leyes; que aumenten los recursos de acompañamiento y reparación a las víctimas; que el mensaje de que no estás sola sea verdad».
También que «se creen los 52 centros de crisis 24h de atención integral a las víctimas de violencia sexual comprometidos por ley para antes de finalizar este año. Hasta ahora solo 3 comunidades autónomas cuentan con uno; que se cumpla con el gasto comprometido para la lucha contra la violencia de género en el Pacto de Estado. En nuestra comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid, el 60 por ciento de este presupuesto se queda en las arcas en vez de apoyar con recursos a quienes más lo necesitan».
«Que se tenga presente y se preste especial atención, con recursos, con presupuesto, con protocolos, con redes y servicios de apoyo a las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad: las mujeres de mayor edad, las migrantes, las precarizadas, las mujeres que viven en la España vaciada y en el medio rural, las mujeres trans y las niñas y adolescentes», han añadido.
También han denunciado que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid «son un claro ejemplo de un gobierno que legisla contra nuestras vidas. Los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos contra la violencia de género, pero también de la sanidad y la educación publicas, son violencia institucional».
