La Asociación El Defensor del Paciente ha envidado una carta a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, para solicitar la apertura de una investigación sobre la decisión del Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) de suprimir las clases de psicomotricidad infantil que se impartían desde 2001 con un grado de satisfacción del 99%, afectando a 523 familias madrileñas, muchas de ellas con niños con discapacidad o patologías.
En una misiva enviada por la presidenta de la asociación, Carmen Flores, se señala que «se comete un delito de discriminación» y denuncian la «falta de humanidad y respeto a los menores y padres de estos». «Entendemos que tampoco entra dentro de sus atribuciones, ya que es un tema sanidad, menores que necesitan un tratamiento esencial para su calidad de vida mental y física».
«Lo que parece que este señor [Almeida] pretende es la retirada de derechos a los que más necesitan y que además no lo paga de su bolsillo, lo hacemos todos los ciudadanos de Madrid», ha criticado. «Es llamativo que no de importancia al destrozo de contenedores, porque dice que es poco gasto reponerlos y, sin embargo, de un portazo a cientos de pacientes con necesidades que ya están establecidas y que son de suma importancia, con un fin de ahorro y que como decimos discriminatorio», incide.
«Dicho esto: creemos que la petición está justificada ya que además de un delito contra a salud de los menores con patología de psicomotricidad y que deroga ¡porque si! algo que no es de su competencia en todo caso de sanidad», subraya en la carta.
Dicha solicitud, concluye la misiva, está fundamentada en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «que obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia en algún delito público y por ello tenemos que denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal».
