Aplicando un mecanismo ciego, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (lNSS) lleva meses reclamando a una veintena de mujeres del Poblado Dirigido de Orcasitas, en el distrito madrileño de Usera, la devolución del complemento de sus pensiones mínimas al entender que han aumentado sus ganancias patrimoniales por las ayudas a la rehabilitación que han recibido sus comunidades de vecinos. La FRAVM y la asociación vecinal del barrio exigen el cese de las cartas de reclamación y el mantenimiento de las pensiones de viudedad.
Desde hace cinco años, el Poblado Dirigido de Orcasitas (Usera) se halla inmerso en un proceso ejemplar de rehabilitación energética de sus edificios. Tanto es así que ha merecido el reconocimiento de la Comisión Europea, que la semana pasada, a través de la campaña Renovate Europe, organizó una jornada en Madrid en la que este caso fue protagonista.
Todo se inició en 2015, cuando antepechos de piedra de más de 1.215 kilos empezaron a desprenderse de las fachadas de algunos pisos, con el consiguiente riesgo para las personas. El vecindario, con la Asociación Vecinal Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas al frente, se movilizó y consiguió que las distintas administraciones se interesaran por el asunto, especialmente el Ayuntamiento de Madrid. Las comunidades de vecinos, con recursos aportados por las familias y con ayudas públicas, desarrollaron entonces un plan que ha servido para retirar los peligrosos antepechos y, sobre todo, para incorporar un aislamiento térmico a las fachadas y mejorar de manera muy sustancial la eficiencia energética de las viviendas.
Hasta aquí todo bien. Sin embargo, después de que sus portales recibieran subvenciones del Consistorio para acometer proyectos de eficiencia energética (que a diferencia de las que distribuye la Comunidad de Madrid de los fondos europeos Next Generation no están exentas de tributar a Hacienda), algunos hogares particularmente humildes se han topado en los últimos meses con una sorpresa: la reclamación de miles de euros por parte de la Seguridad Social, que se suman a otros varios miles que ya han tenido que pagar al Ministerio que dirige María Jesús Montero.
Así, una veintena de mujeres mayores del Poblado han recibido unas cartas de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las que les reclama la devolución del complemento de mínimos de la pensión de viudedad que percibían hasta ahora (para llegar a cantidades de unos 700 euros al mes), aduciendo para ello que han sido perceptoras de una ayuda para la rehabilitación, que considera como una ganancia patrimonial.
Estas vecinas, de acuerdo con la normativa de Hacienda, ya habían declarado los importes de la subvención municipal en el impreso del IRPF y pagaron la cantidad correspondiente, entre 5.000 y 7.000 euros, según los casos, una circunstancia que la FRAVM ha criticado en numerosas ocasiones, al entender que este tipo de ayudas «deberían estar siempre exentas de tributación para los hogares particulares». Ahora el INSS reclama a este grupo de vecinas ancianas, algunas de las cuales de más de 90 años, cantidades similares.
Conocimiento del Gobierno
La FRAVM y la asociación vecinal del Poblado Dirigido de Orcasitas han denunciado de manera reiterada «esta flagrante injusticia» ante la Seguridad Social y las máximas instancias de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Incluso, en el mes de julio, expusieron el caso a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, durante un encuentro en la sede de la Federación Vecinal. En todos estos contactos los responsables de la Administración siempre han dado la razón a la vecindad y a la Federación, asegurando que el problema se iba a resolver. Pero la realidad es que, a día de hoy, todo sigue igual, nada se ha resuelto y el goteo de cartas de la Dirección provincial del INSS continúa, para terror de las vecinas afectadas y del propio barrio.
«La situación no es solo injusta, sino que resulta absolutamente kafkiana», critican. Hay que tener en cuenta que la realización de las obras la decide la comunidad de propietarios por mayoría de votos. Una vez es aprobada, obliga a todos los vecinos, de forma que quien no haga las aportaciones correspondientes puede sufrir un embargo.
Por otro lado, las subvenciones del Ayuntamiento de Madrid se dan a la comunidad de propietarios, nunca a los vecinos de manera individual, aunque son estos los que deben de pagar a Hacienda en sus declaraciones individuales del IRPF. Las vecinas que ahora sufren la reclamación de la Seguridad Social ya han pagado del orden de 5.000 a 7.000 euros por las subvenciones municipales de sus portales.
Todas las administraciones, desde la municipal hasta la central, más las instituciones europeas están incentivando la rehabilitación energética de los edificios dentro de sus estrategias de lucha contra el calentamiento global. Lo están haciendo, además, con un principio elemental: los incentivos han de ayudar prioritariamente a las familias más vulnerables. «Pero como vemos, en este caso, no solo no ayudan a las familias más vulnerables (mujeres viudas de más de 80 y 90 años con muy bajos ingresos), sino que las subvenciones, gracias a la sinrazón de Dirección Provincial del INSS, paradójicamente se están convirtiendo en una condena», inciden .
«El Gobierno debe poner fin a esta penosa situación, que no hace sino desincentivar entre la vecindad de barrios humildes la adopción de proyectos de rehabilitación urbanística y energética», arguyen. No en vano, la FRAVM ha comenzado a recibir quejas similares de vecinas del barrio del Aeropuerto (Barajas), que desde hace años se halla inmerso en un proceso profundo de rehabilitación, y teme que en breve llegarán de otros lugares.
