El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid, que en total sumaron 251.581, experimentó durante el segundo trimestre del año un incremento interanual del 10,9 por ciento. La tendencia fue al alza en todos los órdenes jurisdiccionales, con la excepción de la jurisdicción penal, donde se produjo un descenso del 1,9 por ciento.
En la jurisdicción civil, el incremento fue del 18,3 % con respecto a los asuntos registrados en el segundo trimestre de 2022; en la contencioso-administrativa, del 43,1 por ciento y en la social, del 26,2 por ciento. Estos y otros datos figuran en el informe estadístico sobre la “Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2023”, que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.
En el trimestre analizado se han juntado dos elementos distorsionadores cuyos efectos no han sido homogéneos en los distintos territorios. Por una parte, en algunas comunidades autónomas se ha producido la admisión masiva de procedimientos que habían quedado pendientes como consecuencia de la huelga de letrados de la Administración de Justicia que tuvo lugar en el primer trimestre de 2023, lo que ha causado un incremento mayor en el ingreso de asuntos.
Al mismo tiempo, y con más incidencia en unos territorios que en otros, la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia del segundo trimestre del año ha provocado una retención de procedimientos que han quedado sin repartir en los servicios comunes de registro y reparto, lo que ha incidido en una disminución del ingreso.
En España tuvieron entrada durante el segundo trimestre de 2023 un total de 1.816.522 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales. Esta cifra supone un incremento del 7,7 % respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron 1.629.971 asuntos, un 4,7 % menos, y dejaron pendientes al final del trimestre un total de 3.664.388 asuntos, lo que ha supuesto un incremento del 17 % respecto al segundo trimestre de 2022.
Por lo que respecta a la región madrileña, durante el segundo trimestre de 2023 se resolvieron 227.994 asuntos, un 3,7 % menos, y quedaron pendientes al final del trimestre un total de 534.707, lo que significa un aumento del 14,8 respecto al periodo de referencia. En la jurisdicción civil ingresaron 130.727 asuntos, un 18,3 % más que un año antes; se resolvieron 113.845 asuntos, un 3,3 % más, y quedaron en trámite 373.627, un 13,1 % más que al final del segundo trimestre de 2022.
Los asuntos registrados en la jurisdicción penal ascendieron a 94.065, cifra que supone un descenso del 1,9 % con respecto al mismo trimestre de 2022. En el mismo periodo, se resolvieron 93.727 asuntos, un 5,5 % menos, y quedaron en trámite 101.076 asuntos, un 18,6 % más.
En la jurisdicción de lo contencioso-administrativo se registraron 8.764 nuevos asuntos, lo que equivale a un aumento del 43,1 por ciento. Los asuntos resueltos fueron 6.317, un 36,5 % menos que el año anterior, y los que quedaron en trámite sumaron 20.168, un 14,4 % más.
En la jurisdicción social ingresaron 18.065 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento del 26,2 % respecto al mismo periodo de 2022. Los resueltos disminuyeron un 18,7% al alcanzar la cifra de 14.105 asuntos y los pendientes al final del periodo (39.836), aumentaron un 21,7 por ciento.
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (47,9), Cataluña (42,6), Baleares (39,8), Andalucía (39,2), Madrid (38,6) y Comunidad Valenciana (38,4). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (26), La Rioja (27,3) y Navarra (27,8).
