Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una red de trata de seres humanos con fines de explotación para la mendicidad. Los cabecillas eran un matrimonio que captaba a compatriotas en su país de origen Rumanía con graves discapacidades físicas y/o psíquicas.
Se aprovechaban de la vulnerabilidad de estas personas y les obligaban a pedir limosna en la calle durante más de diez horas seguidas, distribuidos en lugares estratégicos de la capital. La investigación comenzó a finales del mes de febrero, tras recibir varias denuncias de personas que se dedicaban a la mendicidad. Todos manifestaban haber sido víctimas de amenazas y coacciones por parte de un matrimonio de compatriotas.
Avanzada la investigación, los agentes lograron determinar que este matrimonio era el encargado de captar en su país de origen a personas con graves discapacidades, tanto físicas como psíquicas, para que ejerciesen la mendicidad en nuestro país. Se ofrecían a pagarles el billete de avión desde su país de origen a Madrid, con el único requisito de devolverles el dinero con lo que recaudasen en la calle pidiendo limosna.
Una vez en nuestro país, los alojaban en pisos ocupados o en descampados y las condiciones cambiaban. Eran forzados a estar en la calle más de diez horas diarias, estableciéndoles unos horarios abusivos, así como los puntos exactos donde ejercer la mendicidad, obligándolos a entregarles todo lo recaudado.
Amenazados y extorsionados de manera continua
Las víctimas aseguraban que recibían constantemente amenazas por parte de los investigados, para asegurarse recibir su pago diario. Incluso en alguna ocasión, las amenazas se tornaron en agresiones físicas. Además, se pudo constatar, que el hijo menor del matrimonio formaba parte del entramado, realizando labores de vigilancia y control sobre los denunciantes.
La investigación culminó el pasado día 10 de mayo con la detención de un hombre y una mujer, a los que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación para la mendicidad, amenazas graves y obstrucción a la justicia. Tras su paso a disposición judicial, les fueron impuestas medidas cautelares de protección sobre las víctimas.
