La Federación Profesional del Taxi de Madrid y Taxi Project han presentado de manera conjunta una querella contra una docena de empresas de VTC que ha sido admitida a trámite. Al ser aceptada para su procesamiento, además de una serie de directivos del Grupo AURO, tendrán que declarar en el juzgado antiguos directivos de Tuenti, como los empresarios Hugo Arévalo, Félix Ruiz Hernández y Alexander Dentzel Zaryn.
A todos ellos las entidades del taxi les acusan de adscribir vehículos a las autorizaciones sin cambiar su código de clasificación en la ficha técnica y en el permiso de circulación. Tal y como señalan, esta práctica fraudulenta consiste en un doble juego “ilegal a corto y largo plazo”. Así, explican que, por un lado, las VTC sortearían las revisiones anuales obligatorias de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el pago de estas. Por otro, estarían usando vehículos de renting con un código de clasificación “trampeado”. Una fórmula “que les permite ahorrarse un 60% de las inspecciones comparándolas con el sector del taxi”, afirman las entidades denunciantes.
Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi (FPTM), ha recordado que “con estas prácticas, las administraciones han recaudado menos tasas y, además de ser una práctica fraudulenta, ponen en peligro la seguridad de sus pasajeros”. Ante esa mezcla “entre inseguridad e ilegalidad”, advierte Sanz, “si un vehículo de estas plataformas sufre un accidente, sería muy complicado que los usuarios tuvieran garantizados los derechos que la normativa exige”.
Así, entre las empresas señaladas por la FPTM y Taxi Project en la querella se encuentran Radio Taxi Barcelona, Freetown Business, Nextband, Autos Lavapiés y VTC Felp Transfer, además de una serie de directivos del Grupo AURO. Desde la FPTM recuerdan que este grupo cuenta con el agravante de que fue elegido por la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad en junio de 2022 para el servicio de traslado de sanitarios, “lo que supuso un desprecio al sector del taxi tras su labor de traslado de facultativos durante los meses más duros de la pandemia”.
Por su parte, el coordinador de Taxi Project, Alberto Álvarez, ha señalado el “hartazgo” y la “absoluta perplejidad” ante el “pasotismo de ciertas instituciones” en lo referente a la seguridad de sus ciudadanos. Así, denuncia “el visto bueno de la administración de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Andalucía hacia las prácticas de los VTC que, cada vez más, campan a sus anchas como Vehículos Temerarios Consentidos”.
Aseguran ambas asociaciones que este es “el principio de una serie de denuncias que se interpondrán contra estas plataformas, que incumplen de manera sistemática la normativa de transporte en la gran mayoría de Comunidades Autónomas”.
