El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a CCOO Sanidad Madrid en su demanda por la incorporación irregular de los 119 rastreadores de la Dirección General de Salud Pública, organismo perteneciente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El juzgado de lo Social del TSJM primero dictó sentencia en la que declaraba nulo el despido de los 119 rastreadores de Salud Pública en octubre de 2022 y el mismo tribunal ha determinado la incorporación irregular de estos trabajadores en marzo del 2023.
El auto, al que ha tenido acceso GACETÍN MADRID, recoge que la Consejería de Sanidad «mortificó» a estos trabajadores, que hubo “trato vejatorio” y que no tuvo en cuenta el “malestar psicológico” de estas personas. Y refiere textualmente: “Pues bien, la cuestión se centra en la actuación de la empleadora de tener a las personas trabajadoras confinadas en un espacio sin medios materiales para prestar servicios, sin tareas asignadas y sin ofrecerles una explicación ni permitirles comunicarse con otros trabajadores de la Consejería, lo que ciertamente supone un comportamiento vejatorio para estas personas que podía haberse obviado con un permiso retribuido mientras se tramitaban el cese que posteriormente se ha producido y agilizando éste, habiendo mantenido la situación arbitraria e innecesariamente, simplemente para mortificar a los demandantes, sin tener en cuenta el malestar psicológico que se produce a una persona teniéndola toda la jornada sin nada que hacer y sin posibilidad de hacer nada.”
Pero la decisión del Tribunal, que condena a la Consejería de Sanidad al abono de una indemnización de 500 euros a cada uno de ellos por «el trato desconsiderado que se les ha infringido», no reconoce la existencia de vulneración de derechos fundamentales.
CCOO entiende que la actitud de la Consejería «sí es vulneradora de derechos fundamentales, por lo que ha decidido continuar con el procedimiento, buscando recursos contra la decisión tomada por el TSJM, entendiendo que aunque el Fallo es favorable a los y las profesionales afectadas y reconoce la existencia de responsabilidad en la readmisión irregular por parte de la Consejería de Sanidad, considera que los hechos no alcanzan la gravedad suficiente como para ser considerados vulneradores de derechos fundamentales».
«El maltrato continúa»
CCOO denuncia que la Dirección General de Salud Pública «carga de nuevo, tal y como hizo con los rastreadores». Ahora, incicen, el objetivo son los trabajadores de las Unidades Técnicas de Salud Pública (Técnicos Superiores de Salud Pública, Técnicos Auxiliares y personal Administrativo), que son los que se ocupan de la prevención e inspección de la seguridad alimentaria o la calidad del agua, y a los que la Consejería quiere retirar de sus zonas de actuación y centralizar en un solo punto.
CCOO considera «fundamental mantener una organización similar a la que existe en el ámbito sanitario: cinco zonas que se corresponden con los puntos cardinales y centro, para garantizar la proximidad al territorio y con ello controlar y garantizar una Salud Pública de calidad que vele por mantener los estándares de salud existentes en la región. Todo esto sin una negociación previa».
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