La Comunidad de Madrid adapta al entorno digital su nueva Ley del Libro para potenciar al sector y los hábitos de lectura. La Asamblea regional, con los votos a favor de PP y Vox, la abstención de PSOE y Unidas Podemos y el voto en contra de Más Madrid, ha aprobado hoy esta normativa que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial regional (BOCM), prevista para las próximas semanas.
La Ley del Libro, la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico del Gobierno autonómico refuerza la creación, edición, distribución y comercialización del libro, y nace con el compromiso de actualizar el concepto de fomento de la lectura y el papel de la administración regional como impulsora de los hábitos lectores en todo tipo de soportes.
La norma -la octava que aprueba la Asamblea legislativa desde el inicio de 2023- protege e impulsa al sector, entendido como bien cultural y ámbito económico básico, una actividad que en la Comunidad de Madrid representa casi la mitad del mercado editorial de España.
Desde la promulgación de la Ley de Bibliotecas de 1989 y la de Fomento del Libro y la Lectura de 1999, la región se ha consolidado como líder indiscutible en España en el índice de población lectora, tras volver a crecer en 2022 y alcanzar un 97,6%. En lo referente a su fomento, se establece con su entrada en vigor un marco institucional que regula las redes de lectura pública.
Además, la nueva Ley autonómica recoge el valor insustituible de la lectura como elemento básico de desarrollo de la personalidad e instrumento de socialización. En concreto, apuesta por los planes de fomento de la lectura, para los que fija una duración de, al menos, cuatro años, junto a campañas de sensibilización y difusión a través de los medios de comunicación social y otras acciones de promoción.
En cuanto a la cadena de valor del libro, la norma prevé acciones para garantizar la modernización, pluralidad y diversidad cultural, así como potenciar la proyección internacional del sector.
Respecto a las librerías, se impulsan medidas para su reactivación y conversión en espacios culturales y sociales, potenciando el comercio. Entre otras actuaciones, la Comunidad de Madrid fomentará la creación de distintivos de calidad en las librerías.
Por otra parte, la Ley aprobada por la Asamblea regula el sistema de lectura pública de la Comunidad de Madrid, donde se integran los centros bibliotecarios -red de bibliotecas, centros de lectura, servicios de extensión bibliotecaria, etc.-; y el nuevo Consejo Madrileño de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que sustituye al Consejo de Bibliotecas como órgano consultivo sobre las políticas relativas a estos ámbitos.
Ayudas a los ayuntamientos
Además, contempla la elaboración del Mapa de la Red de Servicios Públicos de Lectura de la Comunidad de Madrid como instrumento de planificación bibliotecaria estratégica y operativa. Esta herramienta define el modelo de servicio público de lectura a desarrollar y los estándares a la hora de dimensionar los espacios, equipamientos, colecciones, servicios básicos y recursos humanos. La Ley recoge también las ayudas a los ayuntamientos para la adquisición de fondos bibliográficos con destino a los centros bibliotecarios públicos municipales.
En materia de patrimonio bibliográfico, destaca la elaboración del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo inventariar y describir los fondos depositados en las bibliotecas de la región, ya sean de titularidad pública o privada. Entre estos documentos se incluyen monografías, prensa y revistas, manuscritos y grupos bibliográfico-documentales, partituras y mapas impresos y manuscritos, material gráfico, grabaciones sonoras, o cualquier otro que pudiera considerarse oportuno.
Por último, pretende favorecer la protección, conservación, investigación, enriquecimiento, difusión y disfrute del patrimonio bibliográfico ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid. Así, se buscar preservar y difundirlo desde una perspectiva actual, estableciendo su referente en la Biblioteca Regional de Madrid como coordinadora y supervisora de todas las acciones para su protección.
