El sindicato UGT ha denunciado que desde la Comunidad de Madrid se están emitiendo facturas sanitarias a personas que sí tendrían derecho a una asistencia gratuita. Exponen que, por trámites de carácter administrativos, todavía no ha sido reconocido ese derecho por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En nuestro país la asistencia sanitaria está garantizada por la Constitución, los tratados internacionales y el marco jurídico vigente. Cualquier persona puede acudir a las urgencias y debe ser atendida, independientemente de su situación en España. Hay personas que tendrán reconocido el derecho por cumplir con los requisitos marcados por el INSS, o pueden estar amparados por poseer la tarjeta sanitaria europea.
En caso de que no tenga derecho a asistencia sanitaria, la persona será atendida, pero los gastos sanitarios se facturan. Ahora bien, señalan desde UGT hay personas en la Comunidad de Madrid que tienen derecho a la asistencia, pero que, por trámites de carácter administrativos, todavía no ha sido reconocido ese derecho por el INSS.
El INSS tiene un plazo máximo de 3 meses para reconocer el derecho a las personas que lo solicitan, o a sus beneficiados (hijos menores por ejemplo.). En ese intervalo de tiempo, si alguna persona necesita asistencia médica, será atendido en urgencias de la sanidad pública, pero será emitida factura por el hospital correspondiente. «Esto sin duda, genera una situación de perplejidad, inseguridad e cierta indefensión a las personas, que teniendo derecho a la asistencia, ven como la administración les reclama un dinero que no tienen que abonar», inciden.
Lo que está ocurriendo crea, a juicio de UGT, «desconfianza en el sistema, levanta barreras a aquellas personas que necesitan del cuidado de su salud y puede poner en riesgo la salud comunitaria». Por otra parte, «consideramos que es un despilfarro de los recursos públicos y esfuerzo humano en la emisión de facturas innecesarias».
Aún siendo competencias de administraciones distintas, una estatal (la que reconoce el derecho) y otra autonómica (que presta la asistencia y emite la factura), para la ciudadanía «es de justicia no tener que estar comunicando constantemente situaciones que ya han justificado fehacientemente ante la administración».
Desde UGT Madrid reclaman que se dé una solución «a esta lamentable situación». Para ello «planteamos que no sean emitidas las facturas antes de los 3 meses que la administración tiene de plazo para verificar que la persona se le ha reconocido el derecho a la asistencia y/o que se mejore la comunicación entre las distintas administraciones implicadas».
UGT por razones de carácter humanitario y por razones de eficiencia administrativa ha remitido al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, informando de estas incidencias y «con el fin de que se busque y encuentre una pronta solución».
