La Comunidad de Madrid prestó, a través de su red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), atención jurídica y psicosocial a 5.820 personas durante 2021, un 51,1% más que el año anterior. Así se refleja en la última Memoria de este recurso público y gratuito, que recoge que el 90% (5.178) son mujeres, 347 de las cuales menores de edad.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que ha presentado hoy este balance al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno regional “no ahorra esfuerzos, por convicción, a la hora de facilitar la relación con la Administración de Justicia a las personas más vulnerables”.
En este sentido, López ha recordado que con la apertura de 14 nuevas OAVD a lo largo de este 2022 se ha triplicado la plantilla. “Nuestro objetivo es que al final de la legislatura se garantice el acceso de cualquier ciudadano, independientemente del municipio madrileño donde resida, a este servicio”, ha añadido.
En su informe anual, la OAVD destaca el incremento producido en las atenciones relacionadas con delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que constituyen, con un 31,36%, la principal tipología de carácter penal. La siguiente es la violencia contra las mujeres.
La Memoria también recalca el aumento producido en los casos relacionados con la delincuencia informática: un 2,25% de expedientes en 2021, frente al 0,8% del ejercicio anterior. En este sentido, el consejero ha alertado sobre “la enorme peligrosidad que supone el uso de las redes sociales sin controles, especialmente para los menores de edad”.
De los 5.820 expedientes tramitados por la OAVD durante el año pasado, 1.597 corresponden a nuevos usuarios, lo que supone un aumento del 55% respecto al año anterior. Por su parte, 3.634 (un 46,1% más) fueron consultas telefónicas o por correo electrónico, y 589 seguimientos de trámites abiertos con anterioridad.
El número de menores de 18 años que recurrió a este servicio en 2021 se incrementó en un 79% respecto a 2020, hasta un total de 546 atenciones. Esto obedece, entre otros factores, según López, “a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia”.
Cuatro de cada diez víctimas acuden por iniciativa propia
El balance refleja también que el 43,7% de los atendidos por estas oficinas acudió por iniciativa propia, mientras que un 18,2% lo hizo derivado por las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Por su parte, el 10,2% procedía de asuntos tramitados en los órganos judiciales.
Los servicios que ofrecen las OAVDs a las víctimas son los siguientes: preparación, asistencia y acompañamiento a juicio; primera atención psicosocial, información y orientación sobre recursos psicosociales; derivación a otros recursos especializados; coordinación con otras instituciones; seguimiento e información del proceso judicial al usuario; intervención psicológica e intervención social.
