Desde hace tiempo, una auténtica montaña de sacas de ceniza procedente de la incineradora de Las Lomas permanece al aire libre y sin una adecuada custodia en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Se trata de toneladas de residuos peligrosos que, en vez de estar debidamente enterrados, se encuentran expuestos a las inclemencias meteorológicas, con el riesgo que eso implica para el medio ambiente y las poblaciones del entorno.
Ante este hecho, y tras comprobar el pasado 4 de octubre que, además, algunas de las sacas se encuentran rotas, vertiendo su contenido al exterior, representantes de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) han presentado una denuncia ante la Guardia Civil. En concreto, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) del puesto de Rivas-Vaciamadrid.
Las tres entidades, que conforman la llamada ‘Mesa por el Cierre de la Incineradora de Valdemingómez’, esperan ahora que el Instituto Armado investigue su denuncia y se diriman las pertinentes responsabilidades penales. Durante más de dos años y hasta el pasado 1 de junio Urbaser gestionó la incineradora sin contrato y que desde esa fecha el Ayuntamiento de Madrid mantiene un contrato con Tragsa para este fin que no incluye el tratamiento de las cenizas.
Según la información pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Urbaser sigue gestionando el depósito de cenizas de Valdemingómez, una instalación propiedad del Consistorio que ha de responder ante su autoridad competente, que no es otra que la Comunidad de Madrid.
En su escrito a la Guardia Civil, las asociaciones vecinales y ecologistas dan cuenta de la existencia del “orden de 8 a 10 niveles de depósito de sacas de cenizas al aire libre, sin cubrir ni proteger de la intemperie, con el consiguiente peligro de deterioro de las sacas en las que se contienen las mencionadas cenizas procedentes de la actividad de la incineradora de residuos, consideradas residuos peligrosos. No en vano, dicho depósito está clasificado como DEI/IPPC” y según la codificación del RD 508/2007 y el RD 815/2013 se encuentra dentro de los “vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de inertes”. Su Autorización Ambiental Integrada deja claro que su actividad es la de “Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos”.
En su denuncia, las entidades sociales alertan que varias de las sacas, la mayoría “almacenadas en los niveles inferiores y, por tanto, las que llevan más tiempo expuestas a la intemperie”, están rotas, “con la consiguiente pérdida de su contenido”. Para ilustrarlo, acompañan su escrito con una serie de fotografías que muestran que la gestora del depósito de cenizas incumple, “al menos”, el artículo 17 de la antigua Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que ahora recoge el artículo 20.4 de la recientemente aprobada Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Este artículo establece la obligación de “informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente”.
«No entendemos cómo el Ayuntamiento de Madrid permite mantener en la superficie y en esas condiciones tantas toneladas de ceniza que contienen dioxinas y furanos, compuestos muy dañinos para la salud y el medio ambiente», señalan. Un residuo que «puede ser arrastrado por el viento o la lluvia y acabar en los suelos, aguas subterráneas o en el aire que respiran las poblaciones del entorno de Valdemingómez, y que se sumaría a los gases contaminantes que a diario respiran y proceden de la chimenea de la incineradora».
Ya a principios de este año la fundación holandesa ToxicoWatch publicó los resultados de una investigación realizada a partir de la biomonitorización de alimentos y vegetación en el entorno de la incineradora de Valdemingómez que muestran niveles alarmantes de contaminantes peligrosos para la salud de la población y el medio ambiente. De hecho, los niveles de dioxinas en los huevos recogidos en los alrededores de la instalación en el marco de este estudio superan los límites legales establecidos por la Unión Europea.
La FRAVM, Ecologistas en Acción y GRAMA se preguntan «por qué las toneladas de cenizas de la incineradora que aparecen en su denuncia no han sido debidamente enterradas, como es habitual con los residuos peligrosos, y permanecen en la superficie de Valdemingómez almacenadas en sacas que se rompen con el paso del tiempo». «Desgraciadamente -añaden- se trata de una nueva deficiencia de las muchas detectadas y denunciadas en el parque tecnológico en los últimos años».
Y también, de un nuevo argumento para que se apruebe un plan de cierre definitivo de la incineradora de Las Lomas, un anhelo histórico del movimiento vecinal y conservacionista de la región que, tal y como se comprometió el equipo de Gobierno municipal anterior, debería producirse en 2025.
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