La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid «compromiso político» para señalizar las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y ha trasladado a Paloma García Romero, delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos de Madrid, que «se deje de dilataciones y de parches que no harán más que incumplir con la normativa y seguir perjudicando la inclusión del colectivo».
FAMMA pide «no dilatar más la situación y dejar de ser cómplices de una irregularidad que debería haberse subsanado hace tiempo». La actitud del Área «no ayuda en nada a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad pues, pintar las plazas como indica la Ley, sirve para disuadir a conductores que aparcan en estos lugares de manera ilegal. Lo que va hacer ayuntamiento de Madrid es pintar “parches” sin efecto alguno para disuadir a conductores no autorizados».
La prioridad de FAMMA para la adaptación de las plazas PMR es la señalización horizontal, es decir, pintar de azul toda la superficie de la plaza como así indica la ley. Sin embargo, los servicios municipales solo ven necesario pintar sobre fondo negro el símbolo de la accesibilidad. Este símbolo desaparece en cuando un vehículo se posiciona encima de él lo que, a todas luces, desaparece y los conductores no ven que han aparcado en una zona prohibida para quien no tiene autorización.
El Ayuntamiento de Madrid, denuncian, «quiere enmarañar la situación, dilatarla en el tiempo y pasar el problema al futuro equipo de gobierno entrante tras las elecciones municipales del próximo año». «Otra absurda excusa que expone el Ayuntamiento de Madrid para no pintar toda superficie de las plazas es que las personas se pueden resbalar», critican.
La Federación deja claro que «existe pintura especial antideslizante para que esto no suceda. Así se hace en otras plazas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal, centros comerciales u otras administraciones. La existencia de casos de esta práctica en otros ayuntamientos de la comunidad, como el de Pozuelo de Alarcón, que sí aplica e interpreta correctamente la ley, indican que es una alternativa posible y que solo se requiere de empatía y compromiso político».
