La Comunidad de Madrid considerará a partir de ahora víctimas de delitos a los ciudadanos que sufran la ocupación de sus viviendas, una novedad que permitirá que puedan acudir a las 18 Oficinas de Asistencia de Víctimas de Delitos y recibir ayuda legal o psicológica -entre otras coberturas-, en estos recursos abiertos por el Gobierno regional en partidos judiciales de la región.
La iniciativa del Gobierno autonómico tiene como finalidad aglutinar todas las medidas posibles, dentro de su marco autonómico competencial, que hagan frente a este fenómeno y actúe como refuerzo y defensa de los legítimos derechos de los ciudadanos madrileños sobre sus viviendas.
El objetivo es reducirlas, prevenir su proliferación y constituir a la región en un referente nacional en la adopción de medidas encaminadas a su erradicación. Para ello, continúa trabajando en una serie de actuaciones de carácter transversal, como ha sido la reciente activación del servicio 112 Ocupación, que ya ofrece atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados a través del teléfono 900 205 112 durante las 24 horas del día.
Las actuaciones más inmediatas por parte del Ejecutivo regional son, además de apoyar proyectos de Ley estatales que hagan frente a una ilegalidad cuya responsabilidad recae en el Gobierno central, es la creación de un grupo permanente de trabajo compuesto por los representantes de la Comunidad de Madrid en la Mesa contra la Ocupación y representantes de las Asociaciones de afectados por esta lacra, para reforzar la coordinación entre las partes.
Igualmente, se va a efectuar una convocatoria específica del Observatorio Regional de Víctimas del Delito. Estas medidas, ya en vigor, están siendo mejoradas gracias a la reciente puesta en marcha del Centro de Coordinación Municipal (CECOM), cuyo objetivo básico es la coordinación policial, en el marco autonómico, mediante un protocolo común de actuación y una formación específica para estos profesionales que se lleva a cabo en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).
MÁS DE 1.500 LLAMADAS TRAMITADAS POR EL CECOM
Desde su activación en julio el CECOM ha tramitado ya un total de 1.539 llamadas, de las cuales 568 (37%) corresponden a episodios relacionados con la ocupación de viviendas. Con una sola comunicación, los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este tipo de delitos contra la propiedad privada.
La herramienta, adscrita a la Estrategia Regional de Seguridad Integral (ESICAM 179), está desarrollada entre las Consejerías de Presidencia, Justicia e Interior y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, con especial hincapié en la Agencia de la Vivienda Social.
Aporta también información de gran utilidad sobre las posibilidades que tiene su propietario de defenderse ante los tribunales. Además, el usuario puede ser objeto de la actuación y protección por parte de los cuerpos policiales y recibir ayuda desde las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), al ser ahora consideradas como tales.
Junto a este servicio, el Ejecutivo autonómico ya ha desarrollado otras acciones como la creación de la Mesa contra la Ocupación; ha suscrito convenios con empresas suministradoras de energía eléctrica, y con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España; establecido protocolos de actuación social en procedimientos judiciales de desalojo de viviendas ocupadas sin título válido; y reforzado la seguridad en los inmuebles de la Agencia de Vivienda Social (AVS).
MÁS DE 40 AYUNTAMIENTOS EN EL CECOM
Más de 40 ayuntamientos han formalizado ya su ingreso en el CECOM, un recurso en activo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si la usurpación ilegal de un inmueble se produce en el momento de la llamada o dentro de las 48 horas siguientes, los agentes telefónicos del CECOM realizarán un primer análisis de la situación que permita, por ejemplo, monitorizar aspectos tales como la situación catastral del inmueble.
Si por sus circunstancias se considerase una emergencia, se derivaría el caso al 112 para la actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías locales. Los agentes –que cuentan con formación y conocimientos específicos– podrán trasladar los expedientes más complejos a uno de los inspectores de vivienda especialistas que forman parte de este servicio. Todo ello antes de que se produzca la intervención policial u otra serie de gestiones que puedan llevarse a cabo en las OAVD.
