El gran taller de costura clandestino desmantelado hace algo más de un mes por la Policía Nacional, donde se explotaba laboralmente a ciudadanos extranjeros, principalmente mujeres, ha reabierto y ha vuelto a funcionar.
En dicho local, ubicado en la calle Secoya del distrito madrileño de Carabanchel, se confeccionaban camisetas y chándales para colegios, con muchos pedidos por parte de los centros escolares. Por eso se sospecha que ha reabierto para terminar dichos pedidos, aunque se desconoce en qué situación están los nuevos trabajadores.
Desde la Policía Nacional volverán a actuar si se recibe alguna denuncia, o bien de los afectados o bien por parte de la Inspección de Trabajo. La intervención policial inicial ocurrió el pasado mes de marzo y culminó con la detención de once personas, dos de ellas por un delito contra los derechos de los trabajadores y nueve por encontrarse en situación irregular en España.
La investigación comenzó en enero, cuando los agentes tuvieron conocimiento por parte de uno de los empleados del taller de las condiciones en las que se encontraban trabajando numerosos ciudadanos extranjeros en situación irregular. Carecían de permiso de residencia y de trabajo en España y realizaban largas jornadas laborales, superando ampliamente las estipuladas por ley, sin ningún tipo de contrato.
Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes por parte de los investigadores, se estableció un dispositivo de control contra el empleo irregular el pasado día 29 de marzo, contando con la participación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. En la operación, los agentes corroboraron que en el interior del local había 24 personas realizando labores de costura.
Al solicitar la documentación, pudieron constatar que nueve de ellas carecían de los permisos necesarios para residir y trabajar en nuestro país, por lo que fueron detenidas por infracción a la Ley de Extranjería, siendo posteriormente puestas en libertad. La propietaria y el encargado del taller de confección textil, un matrimonio marroquí de 39 y 44 años de edad pasaron a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.
