Las investigaciones de la Unidad de Medio Ambiente del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid (U.M.A), en estrecha colaboración con la Unidad Técnica de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), han llevado a la Audiencia Provincial de Madrid a dictar sentencia condenatoria con pena de prisión de dos años y tres meses al autor responsable de un delito contra el medio ambiente por una gestión de residuos ilegal.
Los agentes de la sección de Policía Judicial de la U.M.A en turno de tarde, Ricardo Santa y Pedro Jiménez, han relatado lo sucedido en la Revista de la Policía Municipal de Madrid: «estábamos realizando un patrullaje preventivo en la Cañada Real y nos llamó la atención ver un «pulpo» de los que se usa para la recogida de chatarra, con un brazo muy grande, trabajando en el interior de una parcela. Se veía claramente por encima de los muros. La U.M.A tiene controlados los gestores de residuos, chatarrerías, vertederos, etcétera, y sabíamos que en ese lugar no podía realizarse ningún tipo de actividad con esas características».
«Cuando accedimos nos quedamos asombrados. Era desproporcionada la cantidad de residuos peligrosos por su estado o características que habían sido acumulados, como vehículos abandonados, farolas, tapas de registro, entre otros. El muro y la valla que delimita la parcela impiden que se pueda ver, desde la vía pública, lo que hay en su interior. No había denuncias previas ni habíamos acudido con anterioridad por ningún otro asunto·, exponen.
«Con lo que habíamos observado allí, se dio cuenta al mando del turno de tarde y se inició la investigación pertinente. Se hicieron varios equipos de trabajo. Nosotros fuimos los coordinadores, pero el grueso de la investigación la llevaron a cabo los policías de la sección de Policía Judicial de la U.M.A en turno de tarde, Rubén Talavera y José Gutiérrez. Ellos se encargaron de la realización de la inspección ocular, y de la investigación de los elementos contaminantes encontrados, para poder determinar el alcance del riesgo medioambiental, así como del reparto de funciones en varios grupos de trabajo. Parcelamos la zona en cuadrantes y sectores para que pudiésemos trabajar de la forma más eficaz posible», indican a la Revista desde la UMA.
El día que se llevó a cabo la operación, acudieron ocho patrullas de la U.M.A, más dos de mando, un subgrupo de la Unidad Central de Seguridad (U.C.S), agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), un equipo del Servicio Veterinario Municipal de Urgencias (SEVEMUR), un camión pluma de Unión Fenosa con cinco operarios para realizar la desconexión eléctrica fraudulenta, y miembros de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid que procedieron a precintar la actividad.
«Trabajar así es muy gratificante. Los agentes de las U.C.S controlaban los accesos y daban seguridad al trabajo de todos los que estábamos allí actuando. Es muy importante saber que puedes dedicarte de lleno a realizar la inspección, porque la seguridad de todos los que estamos actuando en el interior está garantizada», indican. «El equipo de SEVEMUR procedió a la recogida y revisión veterinaria de dos perros que se encontraban en mal estado, conviviendo con los escombros y la chatarra; uno de ellos era una hembra de los que se denominan «perros potencialmente peligrosos» (PPP) y que, según pudieron determinar los servicios veterinarios, estaba siendo usada como «perra nodriza», es decir, dedicada exclusivamente a parir cachorros. Se recogieron ocho que acababan de nacer».
Sentencia pionera
Desde la Policía Municipal de Madrid no se tiene conocimiento de que la Audiencia Provincial de Madrid haya dictado una sentencia como ésta con anterioridad, por lo que «la consideramos de gran importancia y pionera en este sentido». «No hay un requirente, no hay un damnificado que haya presentado denuncias, no hay un resultado que haya sido denunciado. Realizaban las quemas por las noches para no levantar sospechas. Había butacas de cine, autobuses, frigoríficos, etcétera. Quemaban todos los elementos que contenían aislantes para poder llegar al cobre y los metales que les interesaban», subrayan.
La investigación se ha realizado de oficio por parte de agentes de Policía Municipal y ha concluido con esta sentencia condenatoria, gracias a la implicación de todos los componentes del turno y, muy especialmente, al trabajo realizado por el equipo instructor, la unidad técnica de la fiscalía de sala de medio ambiente y urbanismo y el asesoramiento de dos compañeros veteranos que están especializados en residuos: Gullón y Zafra.
Cuando se llevó a cabo la inspección completa y exhaustiva de la instalación, se observó que entre los restos quemados había partes que correspondían a motocicletas y automóviles, comprobando que, si bien habían intentado ocultar los números de bastidor o hacerlos desaparecer cortando los mismos en trozos, algunos de ellos correspondían a vehículos que figuraban denunciados como sustraídos.
Está pendiente de juicio por los delitos de receptación y defraudación de fluido eléctrico. También quedan pendientes otras resoluciones administrativas. En este tiempo ha habido varios quebrantamientos de precinto que han sido igualmente notificadas a los órganos instructores.
