La Fiscalía Provincial de Madrid abre diligencias por posibles irregularidades en Valdemingómez

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias sobre posibles incumplimientos en medidas de seguridad y control en la incineradora del Parque Tecnológico de Valdemingómez y sobre los daños que estos habrían provocado tanto a trabajadores como a residentes de poblaciones cercanas.

Así lo ha comunicado la ‘Alianza Incineradora Valdemingómez No!’, formada por diversas organizaciones ecologistas, sindicales, cooperativas de consumo agroecológico, asociaciones vecinales, AMPAs y ciudadanos afectados, que el pasado día 27 de abril presentó ante la Fiscalía de Medio Ambiente denuncia acerca de los hechos que vienen sucediendo en la planta de Las Lomas perteneciente al Parque Tecnológico de Valdemingómez, situado en el Sector 6 de la Cañada Real Galiana, a 14 kilómetros de la Puerta del Sol. Este Parque Tecnológico recibe y procesa cada día 4.000 toneladas de Residuos Urbanos procedentes en su mayoría de Madrid, estando la incineradora situada en la citada planta de Las Lomas.

La Alianza ha recibido notificación escrita de la directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, indicando tanto de la apertura de Diligencias de Investigación por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, como del seguimiento, control e inspección por parte de dicha Consejería en el ámbito de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la instalación.

La ‘Alianza Incineradora Valdemingómez No!’ ha recordado que lleva meses recopilando pruebas de «los constantes incumplimientos en medidas de seguridad y control en la Planta, y de los daños que estos han provocado tanto a trabajadores como a residentes de poblaciones cercanas».

Exponen que las «anomalías en infracciones señaladas, pueden incurrir en un ilícito penal al incluir hechos como mal estado y anomalías frecuentes de algunas instalaciones; exceso de combustibles en las fosas de almacenamiento; mediciones inexactas en hornos y emisiones; saturación de almacenamiento de cenizas toxicas; funcionamiento incorrecto en calderas de combustión, sistemas de depuración de gases y control de emisiones con el resultado de emisión e inmisión de partículas procedentes de la incineración como dioxinas, furanos y metales pesados que tienen una probada relación científica con la prevalencia de graves enfermedades como distintos tipos de cánceres, reacciones autoinmunes, esterilidad, etc.».

«Como consecuencia del mal funcionamiento de las instalaciones y de los métodos relatados en la denuncia se produce afectación directa a bienes jurídicos colectivos como la salud de la población colindante y una amenaza de daños al medio ambiente», inciden.

En una visita realizada por CCOO de Madrid con representantes técnicos de Salud Laboral y responsables de Medio ambiente se destacan «diversas incidencias relativas a falta de utilización de EPIs, un gasómetro próximo frente a la planta sin aparentemente coordinación de emergencia con el centro, falta de medidas ante SARS-COV2 para trabajadores de la planta».

«Preocupa especialmente la ventilación de la sala de control, aparentemente sin ventilación natural. El proceso productivo se ha modificado por normas sanitarias en pandemia eliminando el triaje manual de residuos, no se conoce evaluación ergonómica de los puestos de trabajo, no parece haber protocolos de descanso ante pantallas en la sala de control con múltiples monitores de supervisión constante, la evaluación de Riesgo Biológico aparece contemplado como riesgo bajo sin especificarlo por tareas, ni incluir medidas de higiene específicas, alto nivel de ruido en salas y zonas exteriores señalizado, pero no se encuentran medidas colectivas de atenuación y solo se encuentran indicaciones y cascos», explican.

Añaden que «hay claras deficiencias en escaleras de acceso y señalización de seguridad, una de las líneas de la incineradora no funcionaba en la visita, en un día despejado se detecta a simple vista una zona marrón-gris de contaminantes en inmisión acumulados especialmente hacia el cauce del Manzanares, múltiples rapaces se elevan constantemente en círculos sobre la planta aprovechando claramente las corrientes térmicas generadas, se aprecian salidas testigos de gases laterales que podrían ser sustituidos por sensores, acumulación excesiva de cenizas, se realizan mediciones en chimenea, siendo especialmente relevante que el técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Ajeno que forma parte del Servicio de Prevención de Riesgos Mancomunado es de la misma empresa que hace las mediciones en chimenea, diversas actuaciones no muy claras sobre lixiviados, agua y líquidos en su uso para atemperación, accesos mal señalizados, en mal estado, con vertidos ilegales y fogatas».

La incineradora incluye entre sus instalaciones un generador de energía eléctrica, que «presenta instalaciones en zonas probablemente inundables y por tanto con un riesgo, pero es especialmente sensible que afectando especialmente a una zona deprimida como la Cañada Real que durante el invierno y la pandemia sufrió corte de energía eléctrica, no pudiera alimentarla, cuando son los principales afectados por los vertidos ilegales, el trafico constante de camiones de residuos que generan ruidos, polvo en el ambiente, gases contaminantes, elevación de temperatura ambiental, etc.».

Desde la Alianza se espera que en un punto clave de la renovación de los contratos de la incineradora a las empresas concesionarias, la investigación de la Fiscalía y la intervención de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad «permitan evaluar su explotación correcta tendente al cierre y a una gestión de residuos, limpia, sostenible y responsable, que evite que los residuos de todas las zonas se gestionen en exclusiva en las zonas más deprimidas».

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