El sindicato CCOO ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el proceso de admisión del próximo curso 2021/2022, en respuesta a la supresión de más de 1.300 aulas durante dicho proceso, lo que supone la pérdida de 1.470 docentes.
Sólo en Madrid-Capital, exponen, han quedado sin atender 179 solicitudes para primero de ESO en el instituto San Isidro, 155 para el mismo curso en el instituto Tirso de Molina, 123 en el instituto Las Musas e igual cifra en el Príncipe Felipe, 122 en el instituto Madrid Sur, 110 en el Blas de Otero, 108 en el instituto Gran Capitán, 105 en el Cervantes y 97 en el instituto Alfredo Krauss, y en primero de Bachillerato 342 en el instituto Ramiro de Maeztu, entre otros.
Ante esta situación, y «que el Partido Popular defiende como la libertad de elección de centro”, CCOO ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para «obligar al Gobierno de Ayuso a garantizar la libertad de elección, un concepto del que quieren apropiarse, pero cuyo significado desconocen».
El recurso de alzada previo presentado el 5 de julio, que ha sido desestimado, recoge todas las unidades en las que el número de no admitidos equivaldría a la mitad de una clase, lo que obliga a la modificación de la oferta inicial de plazas vacantes y a que se autorice el funcionamiento de las unidades escolares necesarias para atender la demanda conforme al Decreto 29/2013 que, en teoría, garantiza la libre elección de centro.
En la resolución emitida como respuesta al recurso de alzada se reconoce que existe muchísima demanda de plazas públicas sin atender, «pero responden como si la solución no estuviese en sus manos, escudándose en que no es posible atenderla por falta de espacio o con cualquier otra excusa que sería fácilmente remediable autorizando el funcionamiento de más unidades en centros públicos, ampliándolos o construyéndolos si fuera menester».
La DAT Madrid-Capital se defiende argumentando que la libertad de elección “es un derecho de trascendencia constitucional” pero que “no es un derecho absoluto”, y que su cumplimiento “dependerá de que existan o no plazas vacantes en el centro elegido”. «Traducido: que solo habrá libertad de elección cuando haya plazas. Y dado que ellos recortan plazas, la conclusión es sencilla: no hay libertad», critican desde CCOO.
“Han usado esa ‘libertad’ para justificar el crecimiento de la educación concertada a costa de unos recursos públicos que nos pertenecen a todos”, defiende la secretaria general de la Federación Región de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.
“Es decir -continúa Galvín- la libertad de elección solo es un derecho cuando les conviene a ellos. Pregonan la libertad cuando hay que blindar la concertada y mantener un negocio que en nada beneficia a la mayoría de las familias madrileñas. Pero cuando se trata de proveer a las familias de unas plazas públicas que están solicitando, recortan esas plazas para empujar a ese alumnado hacia la educación concertada.”
«Como es sabido, es la propia DAT de la Consejería de Educación la que, antes de que las familias manifiesten sus preferencias y elección de centro, ofertan vacantes y abren o cierran unidades, lo que evidencia la enorme falacia y fraude social que supone la libertad de elección de centro cuando de elegir centros públicos se trata», expone.
«Cualquier liberal que se precie conoce la importancia de los estudios de mercado: la oferta tantea la demanda para saber qué ofrecer y cómo. Este gobierno, sin embargo, mete la tijera antes de conocer la demanda». «Nos dicen: No hay plazas en la pública. O escoges un centro en otra localidad o distrito, o a la privada”. Ante esto, Galvín apunta: “Es evidente que el gobierno de Díaz Ayuso no es amigo de la libertad, sino del monopolio. Para muchísimas familias, en la Comunidad de Madrid de Ayuso no hay elección posible.”
