Agentes de la UIP de la Policía Nacional, por mandato de la comisión judicial, han ejecutado esta mañana de miércoles, 21 de julio, el desahucio de Cruz, una mujer de 58 años, de su marido y de sus cuatro nietos de entre 9 y 16 años del piso en alquiler en el que residían desde hacía 7 años. La pareja tenía a su cargo a los niños en régimen de acogida tras quedar huérfanos y ser tutelados por el Comunidad de Madrid cuando murió su madre hace varios años.
La vivienda, situada en la calle Maquinilla, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, había sido vendida por la entidad bancaria estadounidense Liberbank a la empresa Global Tarasca, que no ha querido renovar el alquiler con opción a compra que tenía la otra hija de Cruz, que actualmente trabaja como interna en Guadalajara. Ahora la familia, que pasa actualmente por dificultades económicas al quedarse los dos adultos sin trabajo a causa del COVID-19, se queda en la calle.
Según ha indicado Cruz, la abuela de los cuatro niños, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, «no le han querido dar» un alquiler social, tras solicitarlo tanto a la EMVS (Ayuntamiento de Madrid) como a la AVS (Comunidad de Madrid). La Policía Nacional ha accedido al piso asegurando que «solo sigue ordenes judiciales» y han pedido la colaboración al alrededor de una treintena de activistas de la PAH de Vallecas, que estaban presentes bloqueando la puerta, para «no hacerlo más difícil».
Desahucio ejecutado. Con niños, sin niños, trabajando, sin trabajo: los criterios de vulnerabilidad del escudo social del Gobierno son pura filfa.
No quedará así, solo el pueblo salva el pueblo #CruzSeQueda pic.twitter.com/KbKjUynlX1
— PAH Vallekas (@pahvallekas) July 21, 2021
Hace justo una semana, agentes de la UIP de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid, por mandato de la comisión judicial, ejecutaron el desahucio de una pareja y de sus cuatro hijas menores, de 1, 2, 8 y 9 años de edad, del piso ‘okupado’ en el que residían desde hace 7 años.
La vivienda, situada en el número 34 de la calle Sierra Salvada, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, pertenece al fondo de inversión Arguijo con el que la familia, que pasa actualmente por dificultades económicas, ha intentado en repetidas ocasiones negociar, aunque siempre sin éxito.
Según había indicado Manuela, la madre de los cuatro niños, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, «no ha habido ninguna alternativa, no me han ofrecido ninguna vivienda pública ni alquiler social. Vamos a ver qué pasa. No sé lo que haremos».
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¿Y por qué siempre, en este tipo de noticias, sólo hay una versión? La de los desahuciados y la de los colegas estos de PAH. Nunca sale la de los verdaderos propietarios del inmueble. Así sólo sabemos una parte del conflicto.