«Un servicio público sin público no es un servicio sino un negocio de cuatro». Así había calificado esta mañana a Telemadrid la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid (RTVM), que ha sido aprobada esta noche de jueves en la Asamblea de Madrid con el apoyo del PP y la abstención de Vox.
Ayuso ha incidido en que el ente público «cuesta como dos Zendales por legislatura». «Un servicio público sin público no es un servicio sino un negocio de cuatro y, por tanto, es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid. Por eso, reformamos una ley en el Legislativo», ha expuesto.
Los artículos reformados son los relacionados con la elección, duración y competencias del director general y del Consejo de Administración, elementos que a juicio de los representantes de los trabajadores son «fundamentales de la ley que garantizan la independencia de los órganos de gestión y dirección de la casa».
Esta reforma de la Ley 8/2015 propone en primera instancia reducir a 4 años el mandato del director general, que en la actualidad tiene una duración de 6 años con la finalidad de que no coincidiera con el mandato electoral y así tener mayor independencia del poder político. La aprobación de esta reforma supone la salida del director de Telemadrid, José Pablo López, y el nombramiento directo de un administrador provisional sin límite de tiempo.
La normativa para su nombramiento también ha sido modificada: hasta hoy era necesario el apoyo de 2/3 (67%) de los diputados de la Asamblea de Madrid para la elección del director general y de los miembros del Consejo de Administración, algo que obligaba al consenso entre las fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid. Ahora solo se necesita aprobar por el de mayoría absoluta (50%), es decir, el PP podrá elegir a dicho administrador y a la dirección del ente sin contar con nadie más, con la abstención de Vox bastaría.
Finalmente se se ha aprobado eliminar a los representantes del Consejo de Administración que pertenecen a asociaciones de la sociedad civil (5 de 9), que serán sustituidos por representantes elegidos por los partidos políticos con representación parlamentaria, y eliminar las competencias del Consejo de Administración respecto a los nombramientos del personal directivo.
