La FAPA Francisco Giner de los Ríos y los sindicatos CCOO y UGT han denunciado este lunes la tramitación de la ‘Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa’ durante la campaña electoral y con la Asamblea de la Comunidad de Madrid disuelta.
Señalan también como «inadecuados», incluso «gravemente lesivos para el sistema educativo madrileño», el contenido de un número importante de sus artículos, el procedimiento de urgencia y «la total ausencia de diálogo con representantes de las familias y de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, entre otros aspectos».
Por todo ello, han presentado ante el Consejo Escolar un dictamen alternativo al de la Comisión Permanente, «en el que la representatividad es claramente favorable al Gobierno». Sin embargo, y «puesto que la composición del Pleno también es favorable a los intereses de la Administración, no ha salido adelante la tramitación de este dictamen alternativo».
«Los y las representantes de las familias y el personal de los centros educativos apuntan un claro sesgo propagandístico en el contenido de este texto, centrado en aspectos como la lengua vehicular en la educación (no procede en Madrid, a menos que se quiera reforzar la docencia en lengua inglesa), el apoyo a los centros que separan por sexo o la cesión de suelo público a las empresas de enseñanza concertada», exponen.
Tan solo se han aprobado seis enmiendas, la más importante de ellas la que exige un presupuesto previo a su entrada en vigor y un calendario de implantación, así como aquellas que contemplaban aumentos de plantilla, perfiles profesionales y ratios para atención a la diversidad.
Junto a estas cuestiones, igualmente hacen notar que dicha ley «se apoya en una descripción falaz de la realidad madrileña, como que se vaya a garantizar la libertad de elección cuando no hay oferta de plazas escolares en centros públicos», que se trate de «una norma novedosa cuando en gran parte se limita a transcribir la normativa básica estatal, o que se hable de dotación de recursos humanos sin ofrecer la imprescindible memoria económica que los concrete».
Finalmente, todas las entidades solicitan a la Administración «el desbloqueo y la atención a otras actuaciones más urgentes, como la vacunación de la población universitaria (alumnado, docentes y trabajadores vinculados) cuya situación de desprotección va a afectar al calendario y al formato de realización de la EVAU, la inmunización del alumnado de FP en situación de prácticas que realiza su formación en centros de trabajo y con atención al público sin seguridad alguna, o la inacción y falta de medidas de la Consejería de Educación ante el aumento de la incidencia del COVID-19 en la franja de edad de nuestro alumnado de ESO y Universidad».
