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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado destinar 1,2 millones de euros para prorrogar los contratos de duración determinada de personal investigador. Se trata de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio del año 2017, así como ayudantes predoctorales y posdoctorales del año 2018.
A través de este programa de ayudas, el Gobierno regional estima que se llegará a subvencionar un total de 98 prórrogas de contratos de duración determinada. Los beneficiarios de las ayudas serán las entidades a las que les fue concedida una subvención en las convocatorias de ayudas citadas anteriormente para la contratación de los investigadores.
Esto es, universidades públicas o privadas con sede en la Comunidad de Madrid; hospitales públicos y privados, así como entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora y tengan su sede en la Comunidad de Madrid.
También se incluyen los organismos y centros públicos de investigación con personalidad jurídica propia dedicados a la investigación con sede en la Comunidad de Madrid; las fundaciones, públicas o privadas, que desarrollen actividad investigadora con sede en la Comunidad de Madrid; y las fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAs).
Por lo que respecta a la duración de las prórrogas, con carácter general, será como máximo equivalente a la duración del Estado de alarma y de sus prórrogas. Asimismo, establece que la financiación de los costes laborales y sociales derivados de las prórrogas le corresponde a los órganos, organismos o entidades convocantes de las ayudas con cargo a las cuales se celebraron los contratos.
En la situación actual de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 es necesario asegurar que el tejido investigador no se resiente. Por ello, esta disposición adicional faculta a las entidades que hayan suscrito contratos de trabajo de duración determinada financiados con cargo a convocatorias de ayudas de recursos humanos a prorrogar su vigencia por el tiempo de duración del Estado de alarma y sus prórrogas, vinculadas a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, exclusivamente cuando reste un año o menos para la finalización de dichos contratos.
