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El 82% de los menores y jóvenes atendidos en los seis centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid cumplen medidas no privativas de libertad, frente al 18% que estarían en régimen de internamiento.
Esta es una de las conclusiones que el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha presentado esta mañana en su visita al Centro de Ejecución de Medidas Judiciales El Lavadero, en el que ha estado acompañado por la gerente de la ARRMI, Lola Moreno, y ha avanzado los datos más relevantes de la memoria 2019 de la Agencia.
Como ha explicado el consejero, según los datos de la memoria de la Agencia, “en nuestra región se aprecia una estabilización de los niveles asociados a las conductas infractoras”.
“En 2019 los datos globales, es decir, las altas producidas en el año 2019 más las que se mantienen del año anterior, son prácticamente los mismos que el año anterior, disminuyendo un 1,15%, hasta los 2.845 de menores y jóvenes atendidos”, ha explicado el consejero, quien ha aclarado que “el número de medidas judiciales ejecutadas ascendió un 0,56% hasta alcanzar las 3.436”.
Asimismo, del total de los 2.845 menores y jóvenes atendidos en los centros de la ARRMI, 2.012 lo hicieron en régimen medio abierto, 511 en internamiento y 322 cumplieron alguna reparación extrajudicial.
Perfil del infractor y tipología de los delitos
Respecto al perfil de los menores y jóvenes infractores, el 43,3% tiene entre 16 y 17 años; el 21,3% más de 19, y el 8,9% está entre los 14 y 15 años. En cuanto al sexo, un 79,8% son hombres y un 20,2% mujeres. En lo que se refiere a la nacionalidad, el 77,8% son españoles; el 9,3% de países del Magreb, principalmente de Marruecos; el 7,4% de Iberoamérica; el 4,3% de la Europa comunitaria, especialmente de Rumanía; el 0,2% de la Europa no comunitaria, y el 0,9 % restante de otras nacionalidades.
En lo relativo a la tipología de los delitos cometidos, se ha apreciado una ligera reducción de los cometidos contra el patrimonio (hurtos y robos en sus diferentes modalidades), pasando del 49,7% en 2018 al 48,6% en 2019.
Por el contrario, ascienden los delitos relacionados con el maltrato, principalmente el familiar ascendente, incrementándose un 0,6% y pasando del 14,5% en 2018 al 15,1% en 2019. Por su parte, los delitos de lesiones descienden un 0,8%, pasando del 15,6% en 2018 al 14,8% en 2019.
Por último, respecto a los delitos más graves y que despiertan una mayor alarma social, especialmente los homicidios, asesinatos y delitos de carácter sexual, su proporción sobre el total continúa siendo baja, situándose en el 2,4%. En el caso de delitos contra la vida, en 2019 no se ejecutó ninguna medida judicial por asesinato y todos los homicidios se produjeron en grado de tentativa, salvo un caso de homicidio imprudente.
Por lo que respecta a los delitos de carácter sexual, predominaron los abusos, con 12 casos, mientras que las agresiones sexuales fueron 6 y, entre estas últimas, sólo consta la imposición de una medida judicial a menores por el tipo penal agravado del artículo 179 del Código Penal.
López ha destacado que “la Comunidad de Madrid presenta las tasas más bajas de criminalidad juvenil de toda España, tanto en menores condenados como en infracciones penales cometidas por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años, tal y como viene reconociendo anualmente el propio Instituto Nacional de Estadística, que, en breve, publicará los datos correspondientes al año 2019”.
Educación e inserción laboral
Uno de los principales objetivos de la ARRMI es la salvaguarda del derecho a la educación e inserción de estos menores infractores. El Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI) ha permitido que un total de 111 menores y jóvenes de los centros de la ARRMI se hayan matriculado en el curso académico 2018-2019 en los diferentes estudios disponibles: enseñanza secundaria obligatoria, formación profesional básica o programa profesional de modalidad general. Una educación que está siendo impartida por un equipo de 29 profesores.
Asimismo, se ha continuado priorizando las actuaciones en materia de inserción sociolaboral en las que participan menores y jóvenes con una edad mínima de 16 años, y que cumplen una medida judicial de internamiento en los regímenes semiabierto o abierto o bien una medida judicial de medio abierto no privativa de libertad. En total 522 menores y jóvenes infractores han participado en este programa, formalizándose 287 contratos de trabajo, lo que ha supuesto un incremento del 8,3% con respecto al año anterior.
El consejero ha asegurado que “el análisis de los datos de esta memoria de la ARRMI muestra cómo la Comunidad de Madrid cumple no sólo con la competencia que tiene asignada por el legislador a la hora de ejecutar las medidas judiciales impuestas a menores infractores, sino que, además, lo lleva a cabo brindando una verdadera segunda oportunidad a los menores”. “Todo ello en aras a potenciar las capacidades y aptitudes de los menores con los que se interviene, al objeto de no abocarles a una vida delincuencial de consecuencias enormemente perniciosas para ellos y para toda la sociedad”, ha concluido López.
Por último, la incidencia de la pandemia de COVID-19 en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales está siendo muy baja. Hasta la fecha sólo se han detectado cinco casos positivos sobre los casi 300 menores que se han atendido entre los meses de marzo y septiembre, menos del 2% del total, y su evolución ha sido favorable.
