El Instituto de Medicina Legal tendrá una sala de bioseguridad para autopsias a víctimas de COVID-19

La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy en su reunión de Consejo de Gobierno la dotación de instalaciones y equipamiento necesarios para la creación de una sala de bioseguridad BLS-3 para realizar autopsias a víctimas del COVID-19 en el Instituto de Medicina Legal (IML), que el Ejecutivo regional gestiona en el barrio de Valdebebas, en la capital.

Los espacios deben garantizar la seguridad de médicos forenses, técnicos auxiliares de autopsia, técnicos de laboratorio y fotógrafos que intervienen en autopsias a cuerpos cuya causa de fallecimiento esté vinculada al coronavirus o enfermedades similares.

Este tipo de sala de bioseguridad debe ser independiente completamente del resto de instalaciones del Instituto de Medicina Legal para evitar la contaminación de estancias contiguas de esta infraestructura. El importe de la inversión para el equipamiento de esta sala asciende a 609.000 euros, y el plazo de ejecución de la obra es de tres meses.

Material de protección

Con esta decisión se completa la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal que, a partir de otoño, permitirá con las vistas puestas en la investigación, combatir el COVID-19 a través de la realización de autopsias a fallecidos contagiados por este virus.

Asimismo, la cercanía del IML con el nuevo Hospital de Emergencias que la Comunidad de Madrid ya está construyendo en una parcela anexa, y que se llamará Isabel Zendal, va a permitir el desarrollo de sinergias que mejoren la capacidad de estudio en el combate al COVID-19.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un contrato por importe de 239.000 euros para el suministro de material de protección en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de estas compras es que la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas garantice el acceso de medios de protección al personal al servicio de la Administración de Justicia y, en caso de necesidad, a los operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las sedes judiciales. Todo ello tiene como finalidad prevenir y evitar posibles contagios del virus y garantizar la normalización de la actividad judicial.

En concreto, con la aprobación de este contrato se garantiza la compra de 7.500 mascarillas KN95; 120.000 unidades de mascarillas quirúrgicas y 1.000 garrafas de cinco litros de gel hidro-alcohólico. Además, el contrato permite la compra de 1.000 cajas de guantes de 100 unidades cada una, 800 cajas de 1.000 bolsas protectoras de micrófonos que se emplean en las salas de vistas, 65.000 mascarillas reutilizables de 25 usos y 400 dispensadores de gel.

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