«Lógicamente, si el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuviera preparados y publicados esos planes, quedaría meridianamente claro que no sería necesario ese importante dispendio en construir un hospital de emergencias», inciden.
La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) ha denunciado ante la Intervención General de la Comunidad de Madrid, así como todas sus Intervenciones Delegadas, que la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de construir el nuevo Hospital de Emergencias de Valdebebas «se realiza mediante una mera alegación al supuesto habilitante del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), sin que concurra una causa legal-sanitaria».
Durante el mes de junio el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció la construcción de un hospital de emergencias, considerándolo como un “proyecto de urgente y extraordinario interés público”, con una inversión aproximada de 50 millones de euros.
Desde entonces, «no aparece ninguna mención en el Perfil de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid sobre la tramitación de este contrato de emergencia (artículo 120 LCSP) para que la ciudadanía pueda ver satisfecho sus derechos a la transparencia y publicidad en la contratación pública», exponen desde la AME.
El citado artículo 120 LCSP justifica la realización de este tipo de contratos ‘Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional’.
«Estas especiales circunstancias obligan a que el hecho habilitante sea justificado hasta la extenuación por el órgano administrativo que lo tramita». Desde AME «entendemos que una genérica alegación sobre la lucha contra la COVID-19, no es un hecho habilitante suficiente para la tramitación de un contrato de emergencia».
«Interpretamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está construyendo un Hospital de Emergencias sin la cobertura legal suficiente, ya que existe un dato objetivo y que por sí mismo ya ilustra que no concurre esas circunstancias excepcionales, el Real Decreto 21/2020 de Nueva Normalidad que obliga a las comunidades autónomas a tener preparados los denominados Planes de Contingencias frente a la Covid-19, y en todos los Centros Sanitarios y Sociosanitarios los denominados Planes de Reacción».
«Lógicamente, si el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuviera preparados y publicados esos planes, quedaría meridianamente claro que no sería necesario ese importante dispendio en construir un hospital de emergencias», inciden.
Por todo ello, creen que «es evidente que lo que está construyendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid no es un Hospital de Emergencias, si no un nuevo hospital asistencial ordinario, a tenor de los expresado en las diversas notas de prensa oficiales publicadas (hospital “milagro,” polivalente, integrado dentro del proyecto de la ruinosa Ciudad de la Justicia…).»
En resumen, desde AME «opinamos que este hospital de Emergencias, que se está ya construyendo, supone un inadecuado desvío de fondos públicos (50 millones de euros) que no podrán ser utilizados para otras necesidades, éstas sí urgentes y perentorias para salvaguardar la salud de todos los madrileños, en los centros hospitalarios, de atención primaria y atención sociosanitaria».
«Hemos decidido ponerlo en conocimiento de la Intervención General y de las distintas intervenciones delegadas, ya que entre sus competencias encontramos el control, fiscalización e intervención para salvaguardar el interés público, el patrimonio de la administración, y en definitiva el derecho a la vida y a la integridad física de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid», concluyen.
