Con ello se abre la puerta a la posibilidad de que el Gobierno tome finalmente la decisión de la obligatoriedad del uso de mascarilla para salir a la calle, una vez que finalice el confinamiento decretado.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la orden del Ministerio de Sanidad, de 6 de abril, por la cual se establecen medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado ‘CE’ (del francés «Conformité Européenne», de Conformidad Europea) con ocasión de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
Ante ello, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar de forma expresa la puesta en el mercado y la puesta en servicio de productos para los cuales no se hayan satisfecho los procedimientos de evaluación relativos a la colocación del marcado CE. Es el caso de las mascarillas quirúrgicas y las batas quirúrgicas.
Esta medida afectaría a varias empresas, una de ellas la cooperativa guipuzcoana Bexen Medical, perteneciente a la Corporación Mondragón, con la que el Gobierno de España ha llegado a un acuerdo para fabricar hasta 60 millones de mascarillas, 2’5 millones de ellas a la semana, tal y como informó el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, dentro de la estrategia para que el país disponga de productores nacionales de suministros sanitarios con la finalidad de poder abastecer a los centros sanitarios para luchar contra el coronavirus.
Con ello se abre la puerta a la posibilidad de que el Gobierno tome finalmente la decisión de la obligatoriedad del uso de mascarilla para salir a la calle, una vez que finalice el confinamiento decretado, algo que el ministro Salvador Illa ha indicado que se está estudiando.
