- Este servicio agiliza las notificaciones judiciales de los reclusos y ahorran gastos en los desplazamientos de los funcionarios.
- En 2018 se tramitaron 9.365 notificaciones en las dos oficinas existentes.
Los seis centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid contarán, desde el lunes, 4 de noviembre, con Oficinas Delegadas de Justicia, un recurso que permitirá realizar de forma inmediata las notificaciones de las medidas judiciales que afecten a los reclusos, garantizando el cumplimiento de las mismas en los plazos establecidos y ahorrando gastos en desplazamientos de los funcionarios judiciales.
En la actualidad los Centros Penitenciarios de Estremera y Soto del Real ya contaban con este servicio, fruto del convenio suscrito por los Ministerios de Interior y Justicia con la Comunidad de Madrid en el año 2104. Durante el pasado año ambas oficinas tramitaron 9.365 notificaciones (5.994 en Soto del Real y 3.3371 en Estremera).
El pasado mes de abril el acuerdo entre ambas administraciones se amplió a otros cuatro centros: Madrid I y II (Alcalá-Meco), Madrid III (Valdemoro), Madrid IV (Navalcarnero) y Madrid VI (Aranjuez), un convenio que tendrá una duración de cuatro años y que podrá ser renovado automáticamente a la conclusión del mismo.
Estas oficinas prestarán asistencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Nacional, los Decanatos de Madrid y Alcalá de Henares, Valdemoro, Navalcarnero y Aranjuez, juzgados penales y los de violencia sobre la mujer, vigilancia penitenciaria y primera instancia e instrucción.
Asimismo, podrán llevar a cabo actuaciones encomendadas por otros órganos jurisdiccionales de todos los ámbitos territoriales en lo que se refiere a actos que afectan a personas privadas de libertad o cuyo domicilio laboral se encuentre en los citados centros penitenciarios.
Las Oficinas Delegadas de Justicia estarán gestionadas por dos funcionarios: uno experto en gestión procesal y otro en auxilio judicial. En total, serán ocho los trabajadores que se incorporen a los cuatro centros penitenciarios.
La Comunidad de Madrid asumirá el pago de las nóminas de estos funcionarios, el Ministerio de Interior será el responsable de las dependencias y su mantenimiento, mientras que el Ministerio de Justicia será el responsable de aprobar la plantilla de las oficinas.
