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Asociaciones y familiares de las Trece Rosas denuncian a Ortega Smith por acusarlas de «torturar, asesinar y violar vilmente»

Gacetín Madrid

Tras la palabras del Secretario General de Vox, Javier Ortega Smith, a las Trece Rosas en las que afirmaba que este grupo de mujeres «torturaban, asesinaban y violaban vilmente».

Este martes, 29 de octubre, se ha registrado ante la Fiscalía General del Estado un documento de denuncia contra el diputado Javier Ortega Smith por parte del Centro Cultural 13 Rosas, representantes de los familiares de tres de las mujeres calumniadas así como de la asociación Foro por la Memoria Democrática, la Asociación Marcos Ana y la fundación Domingo Malagón, entidades adheridas su manifiesto público de apoyo.

Estas entidades han registrado una solicitud ante este organismo para que proceda a «iniciar las acciones penales que pudieran corresponder como el delito de odio y, en concreto, aquellas de protección civil del honor, la intimidad y la imagen de las personas reseñadas individualmente en este escrito y conocidas colectivamente como las Trece Rosas, contra don Francisco Javier Ortega Smith para exigirle la rectificación pública y que se retracte sobre las palabras vertidas contra las jóvenes mujeres fusiladas, así como todas aquellas consecuencias jurídicas derivadas del ejercicio de dicha acción».

Según han informado fuentes de dichas entidades a Gacetín Madrid, se dirigen al Ministerio Fiscal “de acuerdo a las funciones conferidas en su Estatuto Orgánico, entre las que se encuentran: la defensa de la legalidad, la de los derechos de los ciudadanos y la del interés público.”

Las ‘Trece Rosas’ es la denominación dada a un grupo de trece jóvenes, la mitad de ellas miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), fusiladas por la dictadura franquista en Madrid el 5 de agosto de 1939, cuatro meses después de finalizar la Guerra Civil Española (1 de abril de 1939). El 3 de agosto de 1939, la sentencia del fiscal del Consejo Permanente de Guerra encontró a las Trece Rosas como “responsables de un delito de adhesión a la rebelión”.

Según la sentencia, las acusadas “tenían por misión hacer fracasar las instrucciones político-jurídicas de nuestro estado Nacional” y transmitir “órdenes necesarias a fin de organizarse nuevamente y poder actuar en todas aquellas misiones que pudieran producir aquellos actos delictivos que vulnerasen el orden social y jurídico de la Nueva España” así como colaborar en la infiltración “en las filas de FET y de las JONS y del ejército”.

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