El Gobierno de la Comunidad de Madrid realiza una inversión anual de cuatro millones de euros para la seguridad y el mantenimiento de las 23.213 viviendas con que cuenta la Agencia de Vivienda Social, y evitar en la medida de lo posible la ocupación de sus viviendas.
Así lo ha explicado hoy el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada durante el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Pérez ha insistido en que «la lucha contra la ocupación ilegal ha sido uno de los primeros compromisos del Ejecutivo regional en materia de vivienda y para ello se ha creado una mesa de trabajo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid».
El consejero ha destacado la necesidad de seguir colaborando con el consistorio de la capital en materia de vivienda y luchar contra la ocupación ilegal en la región. “Tenemos la obligación de colaborar de manera conjunta en la búsqueda de una solución a este problema, una vez queden localizadas todas las zonas de la capital en las que hay una mayor problemática debido al fenómeno de la ocupación”, ha explicado en sede parlamentaria.
Para tratar de hacer frente a este problema, la Agencia de Vivienda Social destina 500.000 euros al año a la instalación de puertas anti-vandálicas y a tabicar puertas y ventanas de las viviendas vacías, porque o bien se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas.
Igualmente la Agencia destina más de tres millones de euros para el mantenimiento de un servicio de seguridad y para la reparación de aquellas viviendas recuperadas tras haber sido ocupadas y vandalizadas.
El servicio de seguridad dispone de varias patrullas de vigilantes que recorren todas las viviendas y promociones de titularidad regional que están en vigilancia (viviendas que se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas) y que deben ser inspeccionadas, al menos, una vez cada 24 horas.
Nuevos métodos para impedir la ocupación
Entre las novedades puestas en marcha en la presente legislatura están acuerdos de colaboración como el establecido con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, que autoriza a la Policía Municipal de esta localidad a que pueda acceder y estacionar sus vehículos de servicio en los garajes de las promociones de la Agencia de la Vivienda Social, así como a las zonas comunes, asegurando su vigilancia a cambio del estacionamiento de sus vehículos.
Una iniciativa que David Pérez ha valorado como “muy positiva, ya que evitará problemas de ocupación que resten oportunidades a muchos ciudadanos y familias que necesitan acceder a una vivienda de la Agencia de Vivienda Social”.
Desde el Gobierno regional se ha ofrecido a Policía Nacional, Guardia Civil y otras policías locales extender este tipo de acuerdos y seguir colaborando con otros ayuntamientos de la región contra el fenómeno de la ocupación.
