- 1,7 millones de viviendas son susceptibles de renovación por ser anteriores a las actuales normas de edificación.
- Pérez afirma que “la rehabilitación se vinculará a una decidida política de exigencia en materia de accesibilidad”.
La Comunidad de Madrid destinará a lo largo de esta legislatura casi 100 millones de euros a la rehabilitación de viviendas y apostará decididamente por programas de ayudas específicas que promuevan su rehabilitación integral.
Así lo ha señalado hoy en IFEMA el consejero de Vivienda y Administración Local del Gobierno regional, David Pérez, en la apertura de la feria Rebuild y del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. Durante la visita, David Pérez ha destacado que “uno de los pilares de la política de vivienda del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso es la apuesta decidida en la conservación y mejora de nuestro parque residencial”.
En ese sentido, el consejero ha explicado que “Madrid cuenta con casi 3 millones de viviendas, de las que 1,7 millones son anteriores a las normas técnicas de la edificación de 1981”. Eso significa que no están adaptadas a los exigentes estándares de calidad de la actualidad, son poco accesibles y escasamente sostenibles. “Es nuestra obligación mejorar esa situación”, ha señalado Pérez. En declaraciones del consejero de Vivienda y Administración Local, “las políticas de rehabilitación y promoción conllevarán firmes exigencias en materia de accesibilidad universal”.
Por ello, David Pérez se ha comprometido a que “desde el Consejo de Promoción de la Accesibilidad exigiremos un nivel de compromiso máximo por parte las administraciones locales madrileñas en aras de una mejora de la accesibilidad universal, impulsando las denuncias allí donde no se hagan ajustes razonables que garanticen la accesibilidad de quienes tienen dificultades en su movilidad”.
Rebuild es un foro de innovación que tiene entre sus objetivos dinamizar el sector de edificación. Está previsto que en esta edición asistan más de 8.000 profesionales del sector. El encuentro acoge, además, el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, un espacio donde descubrir nuevos materiales, las últimas tecnologías emergentes y los sistemas constructivos más innovadores.
Actuaciones para «dinamizar el mercado»
Pérez ha desgranado las principales actuaciones que el Gobierno regional va a poner en marcha durante la legislatura, como el Plan Vive Madrid, que prevé la promoción de 25.000 nuevas viviendas en alquiler a precios asequibles para los madrileños, a través de la colaboración público-privada y con el objetivo de que esas viviendas lleguen a ser hasta un 50% más baratas que el precio de alquiler de mercado.
El Plan estará dirigido a varios grupos de población, pero principalmente a los jóvenes de entre 25 y 35 años, a los que se van a destinar la gran mayoría de las viviendas. Estarán situadas en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, en zonas consolidadas, bien comunicadas por transporte público y próximas a servicios e infraestructuras educativas, deportivas o sociales.
También ha destacado el consejero el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, que conecta una bolsa de viviendas disponibles en régimen de alquiler con los demandantes. Ofrece un servicio de gestión profesionalizada del alquiler para la intermediación entre propietarios e inquilinos, dotando al proceso de mayores garantías para favorecer la salida al mercado del alquiler de las viviendas susceptibles de arrendamiento.
Los precios medios de los alquileres firmados en la Comunidad de Madrid están por debajo de los precios de mercado libre para viviendas poseen una superficie media 66,57 m2, con dos dormitorios en Madrid y tres en otros municipios. El Plan Alquilar está a punto de alcanzar los 90.000 contratos formalizados. La medida ha facilitado el alojamiento a más de 140.000 personas, desde su puesta en marcha en el año 2008.
El consejero de Vivienda y Administración Local ha reiterado, por último, que la Comunidad de Madrid tramitará un nuevo Reglamento de vivienda protegida para reducir la carga burocrática y lograr una vivienda protegida más flexible, con menos limitaciones y restricciones para su promoción, acceso y transmisión.
