La Comunidad de Madrid atendió el año pasado a 2.878 menores y jóvenes a través de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), dependiente de la Consejería de Justicia, lo que supone un 8 % más que en 2017, según recoge la Memoria de actividades 2018 de la Agencia.
A pesar de este repunte, las cifras están muy por debajo de la serie histórica de los últimos años. Además, la Comunidad de Madrid continúa presentando las tasas más bajas de criminalidad juvenil de toda España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, la tasa de infracciones penales cometidas por menores de la región es un 41 % mejor que la media nacional y la tasa de menores condenados está un 37 % por debajo de la del resto de España.
Según los datos de ARRMI, el pasado año se ejecutaron 3.417 medidas judiciales a jóvenes infractores de la Comunidad, un 6 % más que en 2017. En ocho de cada diez casos, los jóvenes cumplieron medidas que no suponen internamiento (bien medio abierto, bien reparaciones extrajudiciales).
Perfil del menor infractor
El perfil del menor infractor es el de un varón (el 79,4 % del total), de nacionalidad española (76,2 %), de entre 17 y 18 años (50,9 %) y que ha cometido un delito de hurto o robo (49,7 %).
Tras este tipo de delitos, las infracciones más frecuentes entre estos jóvenes son las lesiones (15,6 %) y las agresiones de hijos a padres (14,5 %). Los delitos más graves, como pueden ser homicidios, asesinatos o los de carácter sexual, continúan siendo poco habituales y apenas alcanzan el 1,6 % del total. Además, en la gran mayoría de los casos, lo son únicamente en grado de tentativa.
Los datos de 2018 recogidos por ARRMI muestran tres tendencias destacables respecto al año anterior. Por un lado, aumenta la media de edad de los jóvenes infractores en la Comunidad de Madrid y la franja predominante pasa a ser la de los 18 años. El dato positivo es que se reduce la participación en delitos de los más pequeños: el número de menores de 14 y 15 años que cumple medida judicial disminuye en casi dos puntos.
Por otro lado, continúa creciendo el número de mujeres atendidas por la Agencia, que ya supera la barrera del 20 % del total de jóvenes infractores. De hecho, en delitos como el maltrato a los padres, en uno de cada cuatro casos la autora es mujer. Por último, en 2018 también resulta destacable el incremento en un 10 % de las medidas judiciales de medio abierto impuestas por los jueces de menores. En estos supuestos, en seis de cada diez casos las medidas aplicadas por los jueces han sido libertades vigiladas.
Programas indiviudalizados
El año pasado, ARRMI continuó impartiendo programas individualizados para jóvenes infractores en los seis centros de ejecución de medidas judiciales que gestiona. Así, 419 menores participaron en los programas especializados en conducta violenta, consumo de drogas, salud mental, agresiones de hijos a padres, relación de pareja o paternidad responsable, entre otros.
Además, y dentro del eje prioritario de la formación escolar y sociolaboral de los menores, un total de 110 alumnos se matricularon en los diferentes planes de estudios disponibles a través del Centro Regional de Enseñanzas Integradas. De esta forma, una treintena de profesores impartieron enseñanza reglada a los jóvenes que cumplen medida de internamiento en los centros de ARRMI.
Asimismo, un total de 494 menores y jóvenes participaron en acciones formativas de inserción sociolaboral. De ellos, más de la mitad (265) firmaron un contrato de trabajo, un 18,3 % más que en 2017.
La implantación del programa PREVI-A (Predicción del Riesgo y Valoración de la Intervención-ARRMI), que evalúa los riesgos de los jóvenes que cumplen una medida judicial y permite diseñar un tratamiento personalizado, ha permitido mejorar la evolución de los menores en 9 de cada 10 casos, disminuyendo los factores de riesgo de reincidencia delictiva. Este dato está en línea con la tasa de reinserción del 90 % que alcanzan los programas de ARRMI.
