El Consejo de Gobierno regional ha aprobado el decreto que da luz verde al nuevo Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo, elaborado con el objetivo de «impulsar medidas acordes con la nueva situación que vive el sector del taxi, mejorando de esta forma la competitividad de los profesionales del taxi y luchando contra el intrusismo y la competencia desleal».
Con este nuevo texto, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), culmina un proceso que se ha desarrollado durante los últimos meses a través de distintas reuniones con todas las asociaciones representativas del sector: Federación Profesional del Taxi (FPT), Asociación Gremial de auto Taxi de Madrid (AGATM), Asociación Madrileña del Taxi (ATM), Asociación Élite Taxi Madrid y los representantes de los profesionales que ofrecen sus servicios fuera del Área de Prestación Conjunta.
Estos encuentros han permitido conocer las demandas y necesidades del sector, que el Gobierno regional ha incorporado a la nueva reglamentación. Así, atendiendo a estos requerimientos, el texto que se aprueba hoy persigue el objetivo de «actualizar y modernizar el taxi», un sector fundamental de la economía madrileña que suma cerca de 16.000 licencias en toda la región, que genera 1.000 millones de euros anuales y del que dependen alrededor de 100.000 personas.
Esta modernización se consigue, según el decreto aprobado, introduciendo «una mayor racionalización y flexibilización de los servicios que prestan estos profesionales –fuertemente regulados en comparación con otras modalidades de transporte de viajeros en turismo–, lo que redundará en una mayor competitividad del sector y en una mejor oferta para los usuarios».
El nuevo reglamento, teniendo en cuenta la cada vez más frecuente utilización de medios tecnológicos, recoge la posibilidad de establecer tarifas máximas que permitirán ofrecer al usuario un precio fijo y cerrado antes de comenzar el servicio.
Además, se permitirá que los servicios precontratados puedan ser realizados por plaza y pago individual, lo que abre la puerta a prestar servicios de taxi compartido entre varios usuarios. También se podrá recoger a viajeros en municipios distintos de aquellos en los que estén domiciliadas las licencias siempre que el destino sea el municipio que la ha concedido.
Asegurar la rentabilidad de la actividad
El Decreto introduce también medidas para combatir el intrusismo y la competencia desleal entre empresas, con nuevas causas de extinción de las licencias municipales. Unas licencias municipales para las que los distintos ayuntamientos de la región, si así lo estiman conveniente en función de sus necesidades y características, podrán establecer planes de amortización que permitan garantizar tanto la prestación del servicio a los usuarios como la rentabilidad de la actividad para los profesionales del taxi.
Otras de las medidas que recoge el nuevo texto se refieren a la simplificación de los requisitos exigidos para obtener las licencias de taxi –eliminando así cargas burocráticas–, el tipo de documentación que los taxistas deben llevar a bordo obligatoriamente o la posibilidad de realizar el pago del servicio mediante tarjeta de crédito o débito, una opción que ya ofrecen la mayoría de autotaxis y que ahora se incorpora a la reglamentación.
