Librerías, distribuidoras y editoriales piden la suspensión del Acuerdo Marco que «abocaría al cierre a centenares de librerías».
Representantes del sector del libro madrileño han mostrado esta mañana su disconformidad ante los medios de comunicación en relación al Decreto 168/2018, de 11 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento del Programa Accede (sistema de préstamo de los libros de texto y el material curricular de la Comunidad de Madrid).
Según la Cámara del Libro de Madrid, —entidad que integra a empresas editoras, gráficas, distribuidoras y librerías de la Comunidad de Madrid—, tal y como se ha diseñado el articulado de la nueva normativa, así como el Pliego de Prescripciones que regula el Acuerdo Marco para el Suministro de Libros de Texto a los Centros Docentes, unas 500 librerías podrían estar abocadas al cierre ante la imposibilidad de competir en las condiciones que se les exigen como proveedores.
En la rueda de prensa han intervenido Enrique Pascual, presidente del Gremio de Librerías de Madrid; Francisco Martínez, presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE); Pablo Bonet, Secretario del Gremio de Librerías de Madrid; José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE); y Rocío Palacios, librera.
Las librerías y las distribuidoras son los eslabones de la cadena del libro que resultarían más perjudicados con la aplicación del nuevo Acuerdo Marco. Están de acuerdo en que «se favorezca la puesta en marcha de sistemas de ayudas para la adquisición de libros de texto que propicien el que las familias decidan libremente dónde comprarlos. Una solución podría ser la del cheque-libro que ya ha dado buenos resultados en otras Comunidades Autónomas».
Pero, según han explicado, ahora la decisión sobre cómo se gestionaría la adquisición del material recaería en la dirección de los centros escolares que decidirán sobre los establecimientos que han conseguido acceder como proveedores a un sistema de licitaciones del que quedaría fuera una gran parte del sector librero madrileño. Las consecuencias inmediatas serían «la reducción del tejido de librerías y el que el trabajo realizado por muchas de ellas a lo largo de los años dé al traste».
«Ante estas circunstancias, formulamos nuestra petición expresa de, al menos, suspender el Acuerdo Marco y el proceso de licitación, bien para buscar nuevas vías que articulen la adquisición de libros del Programa ACCEDE, bien para subsanar todos aquellos puntos que impiden la participación en el Acuerdo Marco de las pequeñas librerías y que ponen en riesgo a todo el sector». Con estas palabras, Enrique Pascual, presidente del Gremio de Librerías de Madrid, ponía fin a la lectura del comunicado redactado de manera conjunta por todos los agentes implicados.
«Queremos que se nos tenga en cuenta a la hora de formular programas para que los padres puedan tener acceso a los libros de texto de manera gratuita, y no como se ha hecho hasta ahora», añadió.
Requisitos «inasumibles» para las librerías
El sistema no favorece a las librerías, según Francisco Martínez, presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE), «leyendo el articulado de la ley se observa que está pensado para alguien que no sea del sector por los requisitos que se exigen, como forrar y almacenar los libros», afirmó. «De hecho en el primer borrador de la ley aparecía el término “librerías de proximidad”, pero luego fue eliminado de la ley», apostilló Pablo Bonet, secretario del Gremio de Librerías de Madrid.
Las librerías se quejan especialmente de algunos de los requisitos de la nueva normativa, como el que les exige ofertar descuentos sobre los libros sin saber qué precios tienen en realidad. Este escenario, «sólo es asumible por empresas que tengan un gran volumen de venta con capacidad de acudir a muchas licitaciones», apunta Pascual, «de esta manera, en algunos libros podrán perder, pero en otros ganarán algo». En ningún caso, estas nuevas reglas del juego son asumibles por establecimientos pequeños que vivan mayoritariamente del libro de texto, como le ocurre a la librería de Rocío Palacios, sita en Pozuelo de Alarcón.
También por parte del Gremio de Librerías, Pablo Bonet explicó que pese a ser buena la receptividad de la Comunidad de Madrid, sus interlocutores no han aceptado ninguna de las peticiones presentadas. La situación se oscurece aún más teniendo en cuenta que «la librería que no licite este año no puede hacerlo hasta dentro de cuatro años», aseguró Bonet.
«El problema es que este Acuerdo Marco se ha hecho sin que nadie del sector estuviera presente en la negociación, no nos han llamado antes para hacerlo ni para discutirlo. Lo aprobaron en plena campaña de Navidad y la semana que viene acaba el plazo para licitar con unas condiciones muy difíciles», añadió el secretario del Gremio de Librerías. La contratación de personal adicional y la presentación de avales figuran entre los requisitos a los que pequeños negocios no podrían hacer frente.
El precedente murciano
Por parte de los editores intervino José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), para quien la nueva ley «es un dislate y un despropósito que no tiene por dónde sostenerse, ni desde el punto de vista del sentido común, ni jurídicamente».
Puso el ejemplo de la Región de Murcia, donde se tuvo que rectificar para poner en marcha el cheque-libro, tras el cierre de 150 librerías (de un total de 400) como consecuencia de la aplicación de una ley calcada de la que la Comunidad de Madrid pretende poner en marcha ahora.
Para el presidente de ANELE, las familias deben sentirse libres de comprar donde quieran y las ayudas deben estar en función del nivel de renta. «El nuevo sistema de préstamo de los libros de texto y el material curricular de la Comunidad de Madrid contraviene las tres leyes que afectan el sector del libro, que son: la ley de la competencia, la ley del libro y la ley del comercio minorista», añadió Moyano, quien finalizó su intervención diciendo: «No hay nada que justifique una intervención de este tipo, y en esto estamos todo el sector unido, porque no hay nada más importante que preservar puntos de acceso a la cultura en un país como el nuestro, donde casi el 50% de la población manifiesta no leer casi nunca».
«La ley es tan mala que nos ha puesto de acuerdo», apostilló Francisco Martínez, presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE).
